La Paz, 13 de agosto (Urgentebo).- Alcaldes de ciudades capitales y de El Alto se reúnen en un encuentro de emergencia convocado por la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) para discutir una postura común sobre el pacto fiscal.

La reunión se realiza en ambientes del Concejo Municipal de Cochabamba, frente a la Plaza 14 de febrero, la principal de la ciudad del valle.

El lunes de esta semana el Alcalde de La Paz, Luis Revilla, y sus colegas de El Alto, Soledad Chapetón, y de Cochabamba, José María Leyes, solicitaron a la AMB convocar a una reunión de emergencia para acordar la posición común sobre el pacto fiscal que llevará la asociación en el encuentro del Consejo Nacional de Autonomías previsto para este fin de mes.

El pacto fiscal es un mecanismo incluido en la Ley Marco de Autonomías que impulsa un acuerdo nacional para definir cómo cubrir las necesidades de salud, alimentación, educación, vivienda, seguridad ciudadana, entre otras establecidas en la Constitución Política del Estado.

Este jueves, el Alcalde Luis Revilla enfatizó en que el debate debe girar primero en cómo cubrir las necesidades de la población y luego recién tratar el asunto de la distribución de recursos.

“Si empezamos al revés, el pacto fiscal no avanzara jamás. Lo que tenemos que discutir son los objetivos de ese pacto, y los objetivos tienen que ser satisfacer las necesidades de la población, garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado y ver quién puede hacerlo de mejor manera, la gobernación, los municipios o el gobierno nacional”, dijo Revilla.

“El Gobierno cree que la discusión de pacto fiscal es una discusión para quitarle recursos, y hay regiones que creen que la discusión del pacto fiscal es una discusión para quitarle recursos al Gobierno, esa no es la discusión de fondo, la discusión de fondo es cómo satisfacemos las necesidades de los habitantes en el país de la mejor manera y eso requiere de un gran acuerdo nacional”, añadió la autoridad edil.

La Constitución Política del Estado establece que de las 81 competencias referidas al ejercicio de los derechos fundamentales (como salud, educación, seguridad, entre otras) el 47 por ciento sea responsabilidad de los gobiernos subnacionales.