4 de junio (Urgente.bo).- Después de varios días de silencio y tras haber disminuido la intensidad de la polémica suscitada por presuntas irregularidades en la adquisición de los ventiladores de la marca Respira, que inclusive causaron la detención del ex ministro de Salud, Marcelo Navajas, y de una decena de funcionarios de esa entidad, IME Consulting, la distribuidora autorizada de los equipos en España, negó rotundamente que haya habido sobreprecio y que existan funcionarios de la empresa o del gobierno boliviano que hubieran pedido algún tipo de comisión por la compra - venta. 

En un documento interno, que será la base de la declaración jurada que presentarán representantes de IME ante instancias judiciales españolas, la empresa reveló que el precio final de cada uno de los respiradores “fue de $us 26 mil más un 8% incluido por el gobierno boliviano, pues debían retener esa cantidad como garantía de cumplimiento del contrato”.

IME detalló que el precio de fábrica de los equipos, “con todo y los accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento, fue de € 14.790,00 y no los € 6.500,00 que se informaron”.

“A ese costo, debe añadirse gastos, debidamente documentados, de despacho y aduana, impuestos en España, gastos legales y otros, que afectan a cada respirador en su valor a € 3.403,82, lo que representa un valor aproximado por respirador de USD 18.500,00 (dólares americanos), sin contar con los gastos de transporte y el margen de la empresa, que fue de alrededor de US$ 5.500”, añadió.

En el mismo documento, la empresa aseguró que “ningún funcionario del gobierno pidió absolutamente nada por la compra y ningún empresario ni representante de la distribuidora o la fábrica ofreció comisión alguna”, aunque ratifica que un señor de apellido Humerez pidió “un aporte que fue rechazado con firmeza”.

La compañía informó que ha estado proponiendo soluciones al gobierno boliviano desde el 20 de mayo, entre ellas la de renunciar a sus márgenes de utilidad para que los equipos comiencen a funcionar, “pero lamentablemente no hemos obtenido respuesta”.

IME ratificó su legal funcionamiento y explicó que, “si bien es una empresa pequeña, ello no ha sido obstáculo para realizar una serie de exportaciones en diferentes rubros”.

Asimismo, IME dijo que sí tiene oficinas propias en España, pero no en Barcelona, lo que obligó a que se utilizaran las del Consulado de Bolivia, porque el “gobierno boliviano prefería sostener las reuniones y negociaciones en la sede de la fábrica GPA INNOVA”.

La empresa informó que el 7 de mayo de 2020 recibió la solicitud de cotización de las unidades a través de una nota dirigida por el entonces director de Adquisiciones del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela.

“IME adjunta la lista de todas las unidades que funcionan en España con éxito, envía las especificaciones y aclara que el CE aún está en tramite, por lo que para exportación el equipo debía asignarse como ventilador.  Antes de decidirse la compra, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (AISEM) tomó contacto con IME e intercambiaron información sobres temas técnicos, mantenimiento, garantías, transportes, etc.”.

IME reveló que hizo un adelanto de 250.000,00 Euros de su propio dinero a la fábrica para asegurar los equipos para Bolivia, “acto realizado con total buena fe y con la plena confianza de que se estaba con un Estado serio con el que no se había firmado ni el contrato”.

La distribuidora sostuvo que las “comprensibles” presiones del gobierno boliviano para que los equipos fueran enviados en un plazo “impensable”, determinaron que, “bajo un principio de buena fe”, no se elaboraran los anexos que contemplaban entre otros, el cambio del equipo básico al Advanced, decidido a último minuto”

“Ello ocasionó que, en acontecimientos posteriores, se genere información parcial y descontextualizada sobre el precio de los equipos, desatando sospechas sobre la transparencia de la compra”, agregó.

El 12 de mayo, cinco días después de haber recibido la solicitud de cotización, los equipos fueron entregados en almacén y, “poco después el avión de BOA enviado por el gobierno despegó hacia Bolivia, quedando pendiente el envío de algunos accesorios y la actualización del software que debía certificarse previamente”.