A momento de escribir esta anotación observo en un medio de comunicación que, hoy martes 06 de abril de 2021, una mujer de 26 años fue apuñalada por su concubino en la ciudad de El Alto; dos factores fueron los que determinaron que pueda salvar la vida, el auxilio inmediato de sus familiares y el hecho que ninguna de las puñaladas que recibió en el pecho afectó un órgano vital. Para nuestro pesar, Wilma Flores Zurita no tuvo la misma suerte, ella fue victimada de manera cruel el domingo pasado en un supermercado de la ciudad de Santa Cruz. Desde el domingo vengo observando la manera en que los medios van desarrollando la noticia, veo entrevistas a los familiares de Wilma y a expertos que buscan dar una respuesta a lo sucedido con términos académicos y técnicos.

De nada sirve el análisis de un experto sobre el origen del mal cuando ya hemos superado los 30 feminicidios en lo que va del año, no sirve revisar las estadísticas de distintas organizaciones desde ONU Mujeres hasta la Coordinadora de la Mujer, ni saber que cada 13 minutos una mujer es agredida sexualmente en Bolivia, es inútil indignarnos por la brutalidad de los ataques o desear que todos los agresores corran el mismo destino, lo cierto es que, en cada una de las denuncias y hechos que salen a la luz pública se desnuda un mal mayor: la ausencia del Estado como garante y protector de los derechos de las víctimas.

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De acuerdo a la información de los medios, el asesino de Wilma, Marcelino Martínez Arenas, fue denunciado el 21 de marzo pasado por violencia, el Fiscal asignado al caso determinó su arresto y ocho horas después lo liberó ante la ausencia de imputación formal; lo que molesta está en las declaraciones del Fiscal Departamental de Santa Cruz quien expresó que el día que se realizó la denuncia no había médico forense ni existía un informe psicológico que determine otro tipo de actuación, el Ministerio Público justificó su no accionar en el hecho que la víctima no habría tramitado una diligencia psicológica, solo en Bolivia la víctima debe realizar las diligencias investigativas que son atribución de la Fiscalía. 

El sistema de justicia penal de Bolivia es corrupto y casi nadie trabaja si no recibe algo a cambio dentro de cualquier tipo de denuncia, tratar de justificar la pobre actuación de los fiscales e investigadores en la excesiva carga procesal es mentir de manera descarada a la población. Eso lo sé de primera mano como abogado que en otros tiempos patrocinó casos penales y acá una confesión: en varias oportunidades tuve que impulsar el proceso con moderadas sumas de dinero en favor de los investigadores para que cumplan con sus funciones, desde una diligencia, una citación, un informe, etc., y es que en nuestro país la respuesta del sistema penal depende de los medios económicos de las partes, los investigadores suelen ser los más buscados y he visto como algunos juegan a favorecer a ambas partes dependiendo de quién dé más. Fui testigo en varias oportunidades de la manera abusiva en la que los fiscales aplican el art. 226 del Código de Procedimiento Penal que consiste en la aprehensión por la Fiscalía, vi a gente inocente ir a detención preventiva y a culpables salir libres, todas esas amargas experiencias hicieron que me aleje del patrocinio de causas penales de manera definitiva.

Que la justicia sea igual para todos es un eufemismo, la ausencia del Estado en la justicia penal ha llegado al límite de lo ridículo y no existe una sola política pública bien diseñada para combatir el delito. Las autoridades se llenan la boca hablando de reformas a la ley penal, formando concejos de notables, hablando de un Poder Judicial y un Ministerio Público independientes, pura pantomima. ¿De qué sirven el papel, las conferencias de prensa, las propuestas que caen en desgano y los frustrados intentos por cambiar la realidad? Les tengo la respuesta: el papel y las conferencias de prensa sirven principalmente como propaganda para simular que se está haciendo algo, así la población experimenta una falsa sensación de protección por parte del Estado y sus autoridades.

Sin ingresar a un análisis detenido del Decreto Supremo 3106 Política Pública Integral “Para una vida digna de las mujeres”, podemos apreciar que tiene una serie de lineamientos, el primero es “aplicar toda la normativa que protege y promueve el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, claramente la norma y su ampuloso documento expositivo no sirvieron para nada y afirmo sin temor a equivocarme que podemos darnos por desamparados. En todos los niveles, los gobernantes han fracasado en erradicar la violencia contra la mujer, se ha fracasado en la lucha contra el delito, en los casi inexistentes intentos por desarrollar una política criminal y esos fracasos son continuos, sostenibles, nada cambia, al contrario, todo empeora.

Si no sirve para propaganda, no veremos a un Ministro de Estado salir y decir la verdad sobre la crisis del sistema penal y ya estamos hartos de placebos mediáticos. En este punto, pido disculpas al lector por esta suerte de queja pública pero no puedo sentirme tranquilo sabiendo que en cada hogar boliviano existe una víctima potencial de feminicidio.

Al terminar esta anotación leo una nota de prensa en otro medio, esta se encuentra relacionada con el accidente ocurrido en Sacaba recientemente cuando un avión de la FAB se estrelló en una vivienda, me entero que ese avión fue uno de los seis aviones chinos K – 8 que el gobierno de Bolivia decidió adquirir el 2009 en la modesta suma de 57.8 millones de dólares a través de una compra directa sin licitación. 57 millones de dólares para seis aviones (ahora cinco) cuya necesidad no puede ser justificada, ¿o es que el texto constitucional no expresa claramente que Bolivia es un país pacífico? Podría extenderme dando más ejemplos para graficar la manera en la que el gobierno prioriza el gasto público, pero no viene al caso si todos estamos conscientes de aquello.

Todo esto me lleva a pensar en las marchas y en las protestas de los colectivos femeninos que, el 08 de marzo pasado, salieron a las calles y en su manifestación mancharon con pintura parte del ornato público, actos considerados por una parte de la sociedad como vandalismo, sin embargo, estos actos deben llamarnos la atención más allá de la forma, es preciso reflexionar y comprender la carga de dolor y malestar que llevan, ¿no es acaso el mismo malestar y el mismo dolor que todos sentimos por la muerte de Wilma, por esos dos niños que en el mismo día perdieron definitivamente a sus dos padres? Entonces, si para que el Estado a través de sus autoridades visualice el problema en toda su magnitud y cambie de una vez por todas el funcionamiento de sus instituciones corruptas hay que pintar el país entero, que así sea.

Carlos Fuentes es abogado y escritor.