25 de octubre (Urgente.bo).- Malena Morales Lara, directora de IPAS Bolivia, aseveró que desde el 2014 cuando se emitió la sentencia constitucional referida a la interrupción legal del embarazo, hubo 508 casos de aborto de parte de víctimas de violación sexual, también por malformación fetal incompatible con la vida y riesgos en la salud de la mujer. Mientras que en lo que va del 2021 se registraron 70.
“En Bolivia, desde la sentencia constitucional que ha sido emitida el 2014, a la fecha se han realizado alrededor de 500 interrupciones del embarazo por causales de violación, malformación fetal y peligro de vida y salud de la mujer”, aseveró Morales a Urgente.bo.
Sin embargo, Morales indicó que estos datos de interrupción al embarazo, a comparación de los casos de violación en Bolivia, es un número bajo, debido a que, según Morales, el país tiene altas tasas de índice de abuso sexual.
Lo que dice la sentencia constitucional
Morales indicó que el Tribunal, en febrero del 2014, emitió una sentencia constitucional que es la 0206/2014 que es vinculante y obligatoria y beneficia a víctimas de violación, incesto y estupro para la interrupción del embarazo.
En caso de violación, indicó que se puede acceder a un aborto impune, que quiere decir que las víctimas, independientemente de su edad, pueden acceder a la interrupción legal del embarazo. Mencionó que además la norma contempla la malformación de un feto, es decir que es “incompatible con la vida”.
“Otra causal que establece la sentencia constitucional es la causal del peligro y vida de salud de la mujer y cuyo único requisito es el tener un informe del médico tratante, y por normativa secundaria se ha aumentado la malformación fetal incompatible con la vida”, dijo Morales.
Según la directora, esta sentencia está regularizada por el Ministerio de Salud y se contempla el cómo se debe proceder en los servicios de salud. Además, añadió que independientemente de la edad, la decisión es de la víctima y no de la familia, refiriéndose al caso de la niña de 11 años que tiene al menos 27 semanas de gestación producto de una violación en Yapacaní.
