El trabajo informal deriva de aquella actividad que estando al margen del control del Estado en materia tributaria y laboral, no brinda la protección de ley ni los beneficios prescritos por ella para los trabajadores. Un empleo así no es de calidad y, tampoco, un empleo digno.
Vendedores ambulantes, lustrabotas, lava-autos, cargadores, albañiles, taxistas, canillitas, mecánicos, obreros de la construcción, empleados del comercio, son algunas de las formas de empleos precarios, mal remunerados, sin condiciones laborales físicas adecuadas ni protección social e inestables económicamente.
La consecuencia de tal situación para el jefe de hogar y su familia es la vulnerabilidad y desprotección por el no pago de un salario a tiempo, ser víctima de despidos sin desahucio, irrespeto al horario de trabajo (horas extras, fines de semana, feriados), no reconocimiento de beneficios sociales (vacación, jubilación, seguridad social como salud, maternidad), etc.
Pero no solo eso sino que cuánto empleo informal es generado en actividades reñidas con la ley (contrabando, narcotráfico, blanqueo de dinero, venta de artículos robados, piratería, prostitución, etc.), algo que es peor aún.
Hay que aclarar que no se trata de un fenómeno estrictamente nacional, sino más bien de algo que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) está muy extendido en prácticamente todos los países en vías de desarrollo (pudiendo superar en algunos el 60% como en el nuestro), afectando en Latinoamérica: al 83% de cuentapropistas; 78% en el sector doméstico; 35% en el sector privado y 59% en microempresas: construcción (71% de informalidad), comercios, restaurantes y hoteles (56%); minería (50%) e industria casi 40% (“América Latina y el trabajo informal: un riesgo en alza” – NODAL, 28.01.2018)
Desde el punto de vista de las afectaciones es posible mencionar la que atañe al Estado por el “lucro cesante” que implica la evasión de impuestos; asimismo, al comerciante y al productor legal y formal, por la competencia desleal y pérdida de mercado; y al trabajador del sector formal y legal, por la presión del salario a la baja.
La consecuencia de tal situación es una economía informal, irregular, oculta o sumergida en la evasión y elusión fiscal -ausente de controles- que aporta al crecimiento del PIB y que genera empleo, pero ¿está bien esto?
Frente a la alternativa de la política del palo (sobrefiscalización asfixiante) y la política de la zanahoria (incentivo para la formalización), siendo que la experiencia ha demostrado que mientras más rígida es la legislación laboral (a favor del trabajador) y más duras las exigencias y castigos (contra el empresario formal) más y más se induce a la informalidad y a la precarización del empleo…¿por qué no pensar -entonces- en hacer “todo lo contrario”?
(*) Gary Rodríguez, Economista y Gerente General del IBCE
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