El proyecto de litio en Bolivia ha enfrentado numerosos desafíos y decisiones cuestionables, lo que se ha traducido en un notable perjuicio económico y un retraso considerable en su ejecución. Este deterioro ha llevado a una denuncia ante el Ministerio Público contra 11 exfuncionarios del gobierno de Evo Morales. Se han identificado serias deficiencias en la gestión, como una inversión desmedida en infraestructura sin un plan final definido y la firma de contratos irregulares que han afectado la integridad de las piscinas industriales cruciales para el proceso. A lo largo del tiempo se han denunciado casos de corrupción y negligencia que han impactado negativamente tanto en el aspecto económico como operativo de la empresa estatal de litio, así como en el bienestar del pueblo boliviano.
El 15 de diciembre de 2023 se inauguró la primera planta estatal de carbonato de litio en el Salar de Uyuni (suroeste), pero este proceso costó mucho al gobierno de Luis Arce debido a la mala gestión realizada por los encargados de construir uno de los anhelos bolivianos. Estos funcionarios, que intervinieron en el gobierno de Evo Morales, hicieron las siguientes declaraciones en ese entonces.
El 13 de febrero de 2016, el Gerente Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE), anunció, “…que Bolivia estaría produciendo alrededor de 50.000 toneladas de carbonato de litio a escala industrial grado batería para el último trimestre de 2018”. Esta declaración se hizo en el contexto de informar que hasta ese momento el país había invertido $us 250 millones en la industrialización del litio, de un total de $us 900 millones presupuestados para el proyecto completo.
En este contexto, resulta destacable el nuevo dato sobre la inversión ejecutada ($us 250 millones) proporcionado. Este incremento solo puede explicarse mediante un aumento desproporcionado del gasto en la construcción de más piscinas de evaporación solar, que constituyen el elemento fundamental de la tecnología "desarrollada" por el proyecto piloto. Surge entonces la pregunta de si es prudente continuar erigiendo tales obras de infraestructura en ausencia del diseño final de la planta industrial, encargado a la firma alemana K-UTEC. Estas irregularidades ya fueron observadas en 2016, y fue la negligencia y la falta de operatividad lo que provocó un retraso de más de 9 años en el proyecto del litio en Bolivia.
Conscientes de la falta de avances para la implementación de la planta y reconociendo que durante todo ese tiempo solo hubo un mal manejo económico en cuanto a la inversión, lo que resultó en un daño económico para el país.
La actual presidenta de YLB, Karla Calderón, rememoró que, desde la gestión 2013 hasta 2017, Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) fue víctima de serias irregularidades, omisiones y presuntos actos de corrupción que fueron denunciados ante el Ministerio Público sufrió un daño económico de Bs 425.297.717.
Durante un riguroso proceso investigativo de dos años, se indagó en las causas que provocaron un daño irreparable tanto económico como de gestión al circuito industrial de piscinas, vital para la producción de cloruro de potasio y carbonato de litio. Por ejemplo, en el año 2021 se descubrió que el estado de la construcción de la planta de carbonato de litio era sumamente lamentable: los cimientos apenas estaban colocados, las piscinas de evaporación no funcionaban y presentaban un deterioro significativo, además de graves deficiencias en el diseño estructural y de ingeniería. Bajo estas condiciones, la producción de carbonato de litio era una posibilidad remota.
Las preguntas pertinentes que debemos plantear son las siguientes: ¿Qué actividades supervisaban los funcionarios responsables de poner en marcha estas plantas de litio? Además, ¿cómo se adjudicaron los contratos de construcción de estas piscinas a las empresas? Y ¿por qué durante la gestión 2015 y 2016 no se logró producir suficiente salmuera, ni se llevó a cabo la impermeabilización y el bombeo adecuados en estas instalaciones? ¿A qué empresa se asignaron recursos por parte de estos funcionarios, quienes luego no cumplieron con su responsabilidad de mantener las piscinas en condiciones óptimas? Estas interrogantes deben ser respondidas por los funcionarios en el mandato de Morales, que eran encargados de licitar y supervisar uno de los proyectos más significativos del país, como es el caso del litio.
Ahora, gracias al arduo trabajo de los actuales funcionarios de la empresa estatal del litio, ambas plantas han sido puestas en operación, lo que ha permitido la recuperación de cinco piscinas. Sin embargo, aún persisten graves deficiencias en el acceso a la materia prima.
En la denuncia presentada se señalan tres factores que contribuyeron al deterioro de las piscinas y al daño resultante de la presunta firma de contratos irregulares:
- El primer factor es la existencia de un circuito de piscinas industriales inoperables debido a que la geomembrana de PVC adquirida para la impermeabilización no cumplía con el espesor estándar estipulado en el contrato. A pesar de que el contrato especificaba un espesor de 0.75 mm, se utilizó una geomembrana de PVC de 0.50 mm.
- El segundo factor implica el deterioro de las piscinas debido a un uso inadecuado en las pruebas, según informes técnicos. Estas pruebas no se llevaron a cabo de acuerdo con las normativas, lo que resultó en que las geomembranas de PVC no alcanzaran el espesor necesario. Además, se realizaron hasta cinco pruebas de aire, lo que provocó un desgaste en las soldaduras.
- El tercer factor identificado es el deterioro de las piscinas industriales debido a una mala administración y dirección técnica. Esto resultó en una pérdida irrecuperable de los geosintéticos, que fueron expuestos irresponsablemente a la radiación solar sin contar con cobertores.
Yacimientos de Litio Boliviano, presentó la denuncia ante el Ministerio Público por las omisiones y presuntas irregularidades que causaron daños económicos a la empresa y, sobre todo, un daño irreparable al pueblo boliviano al retrasar el proyecto estratégico del litio. Se reportaron casos de despojos, negociados, contratos fraudulentos e irregularidades a lo largo de los siete años en los que no se logró implementar el proceso de industrialización del litio.
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