29 de junio (Urgente.bo).- Con el argumento de invertir en proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera, el Gobierno del MAS y el ahora candidato a la presidencia Luis Arce Catacora, confiscaron en 11 años casi 3.000 millones de dólares a los municipios y universidades, recursos que debían ser destinados a salud y educación.
“La Presidenta Jeanine Añez promulgó la Ley que permite la devolución del 40% de recursos que serán invertidos en la lucha contra el Covid-19. Se ha realizado la devolución de estos recursos a Universidades, Municipios y Gobernaciones para cubrir parte de los ingresos y confiscaciones que fueron realizados tanto por el candidato Arce Catacora, como exministro y el Gobierno del MAS, en más de 11 años” declaró el Titular de Economía José Luis Parada.
La autoridad recordó que la Ley 767 del 11 de diciembre de 2015, autorizó la creación de un Fondo de Explotación y Exploración Hidrocarburífera confiscando el 12% de recursos del IDH a Universidades, Municipios y Gobernaciones.
“Estos recursos que se destinaban en su mayor parte a salud y educación, después de 5 años que no fueron utilizados, se conserva en una cuenta del Banco Central de Bolivia, lo que demuestra que la Ley 767 fue una medida política para dejar sin dinero a las entidades territoriales autónomas”, declaró el Ministro José Luis Parada.
Asimismo, denunció que no fue la única confiscación de Luis Arce, puesto que se habrían usado recursos destinados a la salud.
Además, indicó que desde el 2008 se hizo mediante decreto y ley expresa una confiscación que junto al fondo de exploración alcanza a casi $us 3 mil millones que el gobierno del MAS habría retirado de los departamentos para cubrir el déficit.
“Son más de $us 3 mil millones que pudieron haberse destinado a la salud en todos los departamentos y no estaríamos en este momento con el problema del COVID-19 sin poder atender”, indicó la autoridad.
La Ley establece que los recursos deben ser desembolsados en el plazo máximo de 15 días calendario, a partir de la promulgación de la normativa y será la Asamblea Legislativa Plurinacional quien fiscalice la ejecución de los recursos asignados a la lucha contra del Covid-19.
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