29 de abril (Urgente.bo).- El Parlamento Europeo condenó la "detención arbitraria e ilegal de la expresidenta interina" Jeanine Áñez, de dos de sus ministros y de otros presos políticos; y pide a las autoridades bolivianas que los liberen inmediatamente y retiren los cargos por motivos políticos contra ellos; para que puedan afrontar una defensa en un marco de justicia transparente e imparcial, sin presiones políticas.
La Resolución Conjunta (RC-244/2021) aprobada esta mañana para la liberación de la expresidenta y que también incluye a los exministros de Energías y Justicia, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra respectivamente, contó el voto favorable de 396 eurodiputados, el rechazo de 267 y la abstención de 28 integrantes de la cámara europea.
Subraya que, de conformidad con la Constitución boliviana, la expresidenta Áñez cumplió plenamente con su deber como vicepresidenta segunda del Senado, al colmar el vacío presidencial provocado por la dimisión del expresidente Evo Morales tras los disturbios violentos desencadenados por la tentativa de fraude electoral; destaca que el Tribunal Plurinacional de Bolivia respaldó la transferencia de poderes a Jeanine Áñez; toma nota de que las elecciones celebradas el 18 de octubre de 2020 se celebraron sin incidentes y con plenas garantías democráticas.
Asimismo expresa su preocupación por la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial boliviano y por la prevalencia de problemas estructurales; observa que esta falta de independencia afecta al acceso a la justicia y, de manera más general, merma la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial nacional; denuncia la presión política ejercida sobre el poder judicial para perseguir a los opositores políticos y subraya la importancia de respetar la tutela judicial efectiva y garantizar que el poder judicial esté libre de toda presión política.
Subraya que todos los procedimientos judiciales deben llevarse a cabo respetando plenamente el principio de tutela judicial efectiva consagrado en el Derecho internacional; subraya que deben ofrecer garantías judiciales, garantizando la protección judicial y el acceso a la justicia, como parte de un sistema judicial independiente e imparcial, libre de interferencias por parte de otras instituciones estatales.
Insta a Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial, en particular con respecto a su composición, con el fin de garantizar juicios justos y creíbles, la imparcialidad y la tutela judicial efectiva; pide al Gobierno boliviano que aborde la cuestión generalizada de la corrupción en el país; pide al Gobierno boliviano que modifique los artículos del Código Penal sobre los delitos de sedición y terrorismo, que incluyen definiciones demasiado amplias del terrorismo, lo que da lugar a posibles violaciones de los principios de legalidad y proporcionalidad;
Asimismo pide a la Fiscalía de Bolivia que reabra la investigación sobre la supuesta canalización por parte del Gobierno de Morales de 1,6 millones USD de fondos públicos a través de pagos irregulares a la consultora Neurona
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