El Ministerio de Gobierno elaboró un proyecto de ley que este jueves fue presentado por el presidente Luis Arce y que endurece el castigo penal a quienes incurran en robo de dispositivos tecnológicos, muebles y joyas. Las personas que sean halladas en flagrancia o hayan sido identificadas por testigos, la Policía o por cámaras de vigilancia serán sometidos a un ‘proceso sumarísimo’ por el cual serán sentenciados por el juez en un plazo de 48 horas.
“Lo ajeno no se toca” es el nombre del proyecto de ley que fue enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional y que plantea sancionar con “pena de presidio de siete (7) años, sin derecho a indulto” a la persona que “se apoderare, sustrajere o tomare, semoviente, joyas, valores o minerales, objeto, cosa mueble sujeto o no a registro, mediante descuido, violencia, intimidación, uso de armas u otros medios, o de cualquier otra forma se apropiare de cosa ajena”.
El Presidente Luis Arce explicó que el proyecto se trata de mejorar la seguridad ciudadana de los bolivianos ante el incremento de la criminalidad. “Todos los bolivianos tenemos que contribuir para alejar los robos menores, que se dan día a día, y que parece que no fueran nada, pero a un compañero, a un hermano, familiar, el tener que comprar un nuevo celular, computadora o cualquier artefacto le cuesta”, declaró el Primer Mandatario.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que, una vez que el proyecto de Ley sea aprobado en la Asamblea legislativa, los delincuentes serán aprehendidos en una acción directa y serán sometidos a proceso “sumarísimo penal” por los fiscales y el juez del caso. “Van a emitir una acusación penal en contra de estos delincuentes, ¿qué quiere decir esto? que en la primera audiencia y la última audiencia que tengan estos delincuentes se los va a sentenciar a siete años”, añadió Del Castillo.
Los bolivianos y extranjeros que sean detenidos en este tipo de robo se verán expuestos a este castigo cuando concurran algunas de las tres situaciones para su incriminación:
a) Fuera encontrada o encontrado en flagrancia por particular y/o la Policía Boliviana;
b) Sea identificado al momento de la comisión del delito mediante imágenes y/o grabaciones;
c) Sea identificado al momento de la comisión del delito por testigos y/o entrevista policial
Del Castillo, explicó que el nuevo tipo penal propuesto incluye una agravante por reincidencia, cuya pena adicional son dos años, es decir que, en caso de que un delincuente vuelva a cometer ese ilícito, la sanción con privación de libertad será de nueve años. “Quienes tengan una situación migratoria irregular en el país y cometan ese tipo de delitos, van a tener una agravante”.
Por el contrario, si la persona que ha sido detenida en flagrancia se somete al procedimiento abreaviado se beneficiará con una reducción de dos años de prisión, es decir a cinco años de presidio.
PROCESO SUMARISIMO
El proyecto de ley realiza modificaciones al Código de Procedimiento Penal con el fin incorporar el titulo de “PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO ESPECIAL PARA EL DELITO DE APODERAMIENTO FLAGRANTE DE COSA AJENA”, que define el papel del fiscal y del juez que atienda algún tipo de este caso.
Explica que la o el investigador policial deberá elaborar “un informe respecto a todos los elementos colectados y vinculados con el hecho, recomendando la aplicación del procedimiento sumarísimo especial para el delito de apoderamiento flagrante de cosa ajena, la emisión de la acusación formal y la solicitud de detención preventiva, adjuntando los antecedentes y objetos secuestrados”.
Con ese informe en manos, el fiscal de turno debe emitir una acusación formal en el plazo de 24 horas y solicitará “la aplicación del procedimiento sumarísimo especial para el delito de apoderamiento flagrante de cosa ajena y la medida cautelar de detención preventiva”.
Después, el Juez de Sentencia en el plazo de veinticuatro (24) horas instalará la audiencia de procedimiento sumarísimo especial para el delito de apoderamiento flagrante de cosa ajena.
La propuesta, según explicó Del Castillo, surge en respuesta a los reclamos sobre inseguridad y las denuncias por robo que recibió la Policía Boliviana en 2023; los casos alcanzaron los 21.330.
Del total de esos casos, la Policía aprehendió a 2.931 personas que fueron sancionadas con detención preventiva; sin embargo, también en 2023, 2.400, o sea, el 82%, fueron liberadas por la Justicia,
