Ruddy Callisaya es dirigente del magisterio rural de El Alto. No se ha vacunado contra el coronavirus y ha decidido no hacerlo. Es parte de los sectores que demandan la abrogación del decreto 4641 porque interpretan que la medida obliga a la ciudadanía a inmunizarse contra el virus y exigen el respeto a la CPE. El sindicalista anuncia que se movilizarán contra esa norma y además dice que los bolivianos tienen el derecho de definir qué hacer con su cuerpo, al punto que considera que sus alumnos tienen el derecho de definir si van a vacunarse ante la pandemia.
“Los niños tienen toda la libre determinación de vacunarse o no. Vamos a decirles a ellos que pueden tomar su propia decisión. No podemos imponer que se vacunen. Obviamente si quieren que se vacunen. Su decisión es legítima”, dijo el dirigente Callisaya la mañana de este miércoles cuando fue entrevistado por la red UNO.
Este lunes, la dirigencia del magisterio urbano, rural, de los gremiales y de un llamado comité cívico de El Alto anunciaron su determinación de convulsionar el país contra el decreto 4641, porque esa norma, en su interpretación, iría en contra de la Constitución Política del Estado y porque “no se puede imponer contra la voluntad del pueblo boliviano. La vacunación debe ser voluntaria”.
“Vemos como una dificultad que haya la obligatoriedad que se vacunen nuestras niños, nuestros niños. Los padres de familia están preocupados, porque la vacuna es una experimentación en nuestras niñas y nuestros niños, no es que estemos en contra de la vacunación, adelante, tienen todo el derecho de que se vacunen, pero el Estado no puede imponer contra la voluntad del pueblo boliviano. En este sentido, queremos que se respete la CPE; la vacuna debe ser voluntaria”, afirmó el dirigente.
Añadió que en las provincias hay una gran preocupación por la situación de sus hijos, por los trámites que deben hacer los adultos mayores para cobrar la renta dignidad, porque cuando deben ir al banco tienen que presentar el carnet de vacunación.
“Hemos pedidos que hagan una investigación científica sobre las vacunas. La obligación es de nuestras autoridades. En la primera y segunda ola, nuestros hermanos se han recuperado con la medicina tradicional. Ese es el aspecto que se debe tener en cuenta”, dijo el dirigente.
“No soy parte del movimiento antivacunas, pero queremos pedir que cada persona decida qué hacer con su cuerpo”, añadió y rechazó el requisito de la presentación de la prueba PCR, porque cada una cuesta al menos Bs 300. “Imagínese, cuántas pruebas nos vamos a tomar”.
“Obviamente nos preocupa la muerte, tenemos compañeros que tienen enfermedades de base, pero con la obligatoriedad de la vacuna, ya tenemos reportes de compañeros que al ser vacunados han fallecido”, dijo Callisaya, aunque no respondió cuando el periodista si tienes pruebas de que la pérdida de la vida se debe precisamente a la inmunización.
Cuando se le consultó al dirigente del magisterio rural si él se va a vacunar, él respondió lo siguiente: “Nosotros obviamente cumplimos con las condiciones, particularmente voy a ser honesto, no me he vacunado. Estamos con la posición firme de apoyar la medicina tradicional (…) La vacuna no puede ser el principal requisito, solo queremos que se respete la CPE”.
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