El Decreto Presidencial N° 4461, aprobado por la Asamblea Legislativa, concede amnistía (olvido) e indulto(perdón) a todos los responsables de los hechos delictivos perpetrados entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020, vale decir a todos los actos criminosos ocurridos durante el gobierno transitorio, protagonizados por grupos o personas afnes o militantes del MAS, que actuaron en contra de la sublevación ciudadana motivada por el fraude, o en contra del Gobierno de Añez emergente de la fuga de quienes desconocieron el voto popular.
Los “considerandos” iniciales del Decreto, referidos a supuestas razones humanitarias con los privados de libertad por el riesgo de Covid-19, son solo una fachada para atenuar el objetivo principal cuál es el de olvidar o perdonar los delitos que se perpetraron contra bienes públicos y privados, contra la vida de Julio Llanos en La Paz, de Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra en Montero; contra la integridad y dignidad de mujeres en Vila Vila o, incluso, contra la salud pública por bloqueos posteriores, ya en medio de la pandemia.
Pero además de inútil para fnes humanitarios-carcelarios, se trata de un decreto ilegal que usurpa funciones judiciales, que malogra investigaciones en curso, que es sectario y unilateral, que falsamente dice buscar la “reconciliación nacional” y que, por el contrario, producirá impunidades en contra de la justicia y la paz social.
Veamos:
1. Es un decreto sin utilidad si de objetivos humanitarios-carcelarios se trata, porque hasta su dictación estaba vigente otro decreto presidencial, el N° 4226 de 4 de mayo de 2020, emitido por la presidenta Áñez que concedió amnistía e indulto a determinados encarcelados, precisamente, para evitar la expansión de la pandemia en los recintos carcelarios. Dicho decreto –citado por el mismísimo decreto de Arce– tenía vigencia expresa hasta el 4 de mayo de 2021 y, en el peor de los casos, requería una reglamentación mejor que agilizara los procedimientos. O sea que decreto de amnistía e indulto existía, estaba plenamente vigente y no era necesario otro.
2. Estamos en presencia de un decreto ilegal porque, en su “argumentación”, suplanta las privativas atribuciones del Órgano Judicial ya que, de manera incomprensible, da cuenta que los hechos delictivos posteriores al 20 de octubre de 2019 “...no respondían a la intención de cometer una infracción; más al contrario expresaban una protesta social en defensa de la democracia y la garantía de los derechos civiles y políticos...” (textual). Este “razonamiento” absolutamente ajeno a cualquier amnistía e indulto, es propio de las causas de justifcación penal cuya consideración y valoración sólo pueden hacer los jueces. Además, ese “razonamiento” es ya una afrenta si recordamos la quema de 66 buses municipales o el incendio de las viviendas de Waldo Albarracín y Casimira Lema, ya que lo que nos está diciendo es que los pirómanos estaban defendiendo la democracia y los derechos civiles con sus incendios criminales.
3. Se trata de un decreto sectario y contrario a la paz social y que hace casi imposible la “reconciliación de todos los bolivianos”, porque el olvido y el perdón estatal sólo alcanza a los que defendían al Gobierno fraudulento y no a quienes se movilizaron para denunciar y combatir el fraude, y que ahora resultan ser los promotores de un “golpe de Estado” y de un “gobierno de facto”. Cuando se dicta amnistía e indulto, renunciando a la acción punitiva del Estado, olvidando y perdonando los delitos, se lo hace en consideración de un contexto social y político excepcional, pero integral, que abarca todos los hechos y todos los actores, y se lo hace buscando el bien mayor que es, precisamente, la paz social y la reconciliación, imposibles de lograr con el ojo tuerto de un Gobierno que sólo mira a sus adherentes, tergiversando los hechos y haciendo gala de una amnesia irremediable respecto al prorroguismo, la violación de la Constitución y la fuga de sus responsables.
4. Es un decreto que incumple acuerdos internacionales porque inutiliza la investigación del Grupo de Expertos que, previo acuerdo gubernamental, envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuya labor de indagación se halla en curso, pero que ya resulta estéril si el Gobierno, con aprobación legislativa, acaba de certifcar que los presuntos delincuentes nunca pretendieron siquiera cometer una infracción y que, al contrario, estaban en una acción grandemente altruista de defensa de la democracia. ¿Para qué ya la Comisión de Expertos Independientes? Si se trataba, en el caso del MAS, de entusiastas defensores de los derechos civiles que, por ejemplo, “sin intención” balearon a dos ciudadanos en Montero o lesionaron brutalmente a Julio Llanos que días después murió a consecuencia de los golpes.
5. Y es un decreto presidencial dictado en la vieja y lamentable lógica de garantizar impunidad de delincuentes políticos, que se suma a ese largo rosario de delitos que nunca son investigados porque anidan en el autoritarismo de gobiernos que arrinconan a la sociedad y sus derechos. Ya en varios momentos inmediatamente anteriores, jueces genufexos libraron de pena y culpa a varios funcionarios del Gobierno de Morales, mostrando la decisión de los nuevos gobernantes de seguir trajinando la ruta equivocada de las impunidades.
¿Con qué moral estos gobernantes amnésicos ahora pedirán investigación y justicia para los compatriotas que cayeron en Senkata y Sacaba? Es que es la misma práctica que siempre encubrió masacres y delitos desde San Juan, Tolata, Amayapampa, Octubre negro, hasta Chaparina y el Hotel las Américas, piezas dolorosas de ese rosario sin verdad ni culpables, vergonzoso para la memoria nacional.
En suma, es un decreto en contra de la justicia, ese bien público del que carecemos, pero que es la única salvaguarda frente a la impunidad y el autoritarismo, lacras sempiternas de nuestra democracia luego de 39 años.
//
.jpg)
