La Paz, 29 de mayo (César Sánche, Urgentebo).- El 6 de noviembre del año 2001 era atrapado en Colombia el narcotraficante brasileño Luiz Fernando da Costa, conocido como Fernandinho Beira Mar. Él manejaba más de 261,5 millones de dólares provenientes del narcotráfico en Brasil que eran lavados en bancos de Bolivia y enviados a Estados Unidos y posteriormente al Líbano y Pakistán.

El entonces director de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) reportaba que la ruta del dinero del narcotráfico en Brasil llegaba a Bolivia en maletas, a través de la frontera entre Corumbá y Puerto Suárez, para ingresar en cuentas bancarias de personas naturales y jurídicas. Es este uno de los casos más importantes de lavado de dinero que se haya descubierto en el país.

Hoy, 15 años después, éste sigue siendo uno de los principales problemas que afronta el país, pues Bolivia es un país vulnerable y un potencial paraíso para los lavadores de dinero, debido a la vulnerabilidad o limitaciones de sus sistemas de control. Especialistas consultados por este medio apuntan a señalar que los "lavadores" buscan entidades financieras pequeñas, proyectos inmobiliarios, negocios de automotores o poblaciones alejadas para limpiar el dinero. Por ejemplo, ¿por qué el litro de agua cuesta Bs 22 en Uyuni?, pregunta uno de ellos. Y otro apunta que delincuentes colombianos ingresan fácilmente a Bolivia para realizar sus actividades pues no tienen órdenes de captura internacional.

Franco Rojas Sagárnaga, gerente general del Grupo AMLC, especialistas en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento, y exinvestigador financiero de la UIF, opina que el país todavía no ha podido desarrollar verdaderos mecanismos de prevención y control del lavado de dinero. A esto, se suma que Bolivia es un país productor de cocaína y marihuana y que su ubicación geográfica también lo convierte en un país de tránsito de droga y contrabando, principalmente desde Paraguay, Brasil, Argentina y Perú.

Según investigadores financieros consultados por la revista Oxígeno, el dinero ilegal que entra al país proviene, principalmente, del narcotráfico, el contrabando y la corrupción, aunque “en este momento no podríamos precisar el orden de cuál de los rubros es el que registra mayor cantidad de dinero ilegal”, asegura  el Director Nacional de Sustancias Controladas de la Fiscalía General del Estado, Freddy Larrea.

La trata de personas y el tráfico de armas, en menor medida, también son otras actividades que cooperan en el ingreso de dinero ilegal al país. “La investigación en casos de lavado de dinero o legitimación de ganancias ilícitas en Bolivia es compleja, porque se requiere de experticia para seguir pasos, para confirmar o descartar las sospechas”, indica Larrera.

Empero, el Director Nacional de Sustancias Controladas de la Fiscalía General del Estado señala que “existen coincidencias en relación a los rubros que utilizan los narcos para el lavado de dinero”.

Larrea señala que los principales rubros que se  utilizan para el lavado de dinero son el automotriz, con la compra y venta de vehículos; el rubro inmobiliario, con la compraventa de terrenos, departamentos o condominios; la inversión en acciones de empresas y la compra de bonos.

Similar análisis realiza Franco Rojas. En su opinión, el sector inmobiliario es el preferido de los lavadores de dinero. “En nuestro país las construcciones han generado una revalorización de las áreas urbanas cuando realmente no es así, es una falsa apreciación. Pero es porque ellos (los lavadores de dinero) generan una demanda demasiado alta, entonces por eso se empiezan a vender los inmuebles en precios exorbitantes”, asegura.

Freddy Larrea, por su parte, afirma que “estos rubros son utilizados porque este tipo de transacciones se las realiza generalmente con carácter privado, sin ningún intermediario como la banca”.

Por otro lado, Rojas advierte que las construcciones de edificios, hoteles, restaurantes, discotecas, entre otros, permiten flujos económicos “que no necesariamente tienen que pasar por el sistema financiero, entonces su administración es en efectivo”.

“También los auto ventas, estamos hablando de negocios que son poco controlados y que permiten la manipulación de grandes cantidades de dinero”, complementa. Rojas advierte que todas estas actividades tienen poco o ningún control de sus movimientos financieros que, en su mayoría, se realizan con pagos al contado y en efectivo.

Precisamente y con el afán de combatir este delito se creó la Unidad de Investigación Financiera –antes a cargo de la ASFI y hoy dependiente del Ministerio de Economía-, el principal ente encargado de combatir este problema. Sin embargo, los mecanismos de control que se han instaurado en el país sólo estarían controlando los bancos y no así otro tipo de entidades.

“Inicialmente los controles están en los bancos. Entonces los lavadores de dinero se han pasado a buscar otro tipo de entidades como por ejemplo mutuales, los antes denominados fondos financieros y después pasan a cooperativas”, asegura Rojas.

Otro investigador financiero, que no dio autorización para publicar su nombre, coincidió en que los lavadores “ya no usan el sistema financiero”, empero reconoció que eso no ha impedido que este delito siga vigente en el país.

Los lavadores de dinero también utilizarían las casas de cambio y las empresas de importaciones y exportaciones.

“Los controles en estos sectores aún tienen muchas falencias. Siempre van a ser de mucho cuidado, principalmente en las fronteras pues nuestro país no registra un verdadero tipo de control de estas operaciones”, señaló uno de los investigadores financieros consultados por Oxígeno.

De hecho, el poco control migratorio y fronterizo es otro de los factores que explica el por qué Bolivia aún no logra avances en la lucha contra el lavado de dinero y las ganancias ilícitas. Pues un control débil en las fronteras implica que no sólo las drogas pueden entrar y salir del país, sino también los precursores químicos y la mano de obra extranjera necesaria para procesarlos.

Desde Colombia a Bolivia

Por ejemplo, el grupo colombiano “Insigth Crime” – especializado en investigar temas relacionados al lavado de dinero- informó que “los narcotraficantes colombianos con órdenes nacionales de arresto pueden entrar a Bolivia sin temor a ser detenidos”, pues Bolivia no tendría información sobre órdenes nacionales de arresto, sino sólo sobre las órdenes internacionales registradas en la Interpol.

Según los datos de la Dirección Nacional de Sustancias Controladas de la Fiscalía General del Estado, los municipios de Yapacaní y San Germán de la provincia Ichilo, son dos de las “zonas críticas” del narcotráfico y el contrabando.

 “Actualmente se utilizan las densas zonas selváticas de Bolivia para el narcotráfico, entre ellas las zonas del Beni, de la Chiquitanía por el lado del oriente boliviano, y  el trópico de Cochabamba para construir puentes aéreos”, complementa.

El Gerente General del Grupo AMLC, por su parte, asegura que las zonas críticas del país son múltiples y están en todas las regiones bolivianas.

“En la parte del Beni, Guayamerín es un sector muy complicado; Cobija siempre ha sido complicada. En Santa Cruz, Puerto Quijarro y Puerto Suárez, son zonas bastante complicadas porque están más cerca de Paraguay”, señala.

A ellas se agregan la región del sur tarijeño, todo lo que es el Chaco, Villamontes y Bermejo. También sería zona crítica la región de Villazón, en Potosí.

“Aquí en La Paz, la frontera  con Copacabana es un tránsito libre y que permite la movilización de todo tipo de personas y negocios que son poco controlados. Entonces zonas (vulnerables) hay diversas, pero negocios en su mayoría son los que no están en el eje troncal, porque no son controlados”, señala.

¿Por qué el agua en Uyuni cuesta bs 22?

Rojas pone como ejemplo la zona de Uyuni, en el departamento de Potosí. “Comprarse en Uyuni una botella de agua de dos litros es Bs. 22. Y no es porque haya mucho turismo, es por otras razones, con flujos de dinero que no sabemos de dónde proviene”, dice.

A esto, se suman los actos de corrupción que debilitan, aún más, los mecanismos de control que Bolivia tiene ante este delito.

De hecho, Freddy Larrea reconoció que una de las principales causas por las que ingresa dinero ilegal al país es la corrupción, aunque no quiso referirse a ningún caso específico.

Empero, Franco Rojas, exinvestigador financiero de la UIF, reconoció que la corrupción es un problema aún por resolver.  “Existe corrupción no solo en las instituciones públicas sino también en las privadas”, afirma tajantemente.

“Las instituciones prevén y establecen luchar contra eso y existen políticas de capacitación al funcionario y al personal, pero lastimosamente todas son conscientes que estas personas pueden ser compradas. Lo que hace una persona que haya sido comprada, es facilitar las operaciones ilegales, es decir, deja de comprobar y con ese simple hecho se puede generar operaciones de lavado de dinero en el sistema financiero”, explica.

Falta especialización

Pero, el principal problema que afronta Bolivia es que no ha desarrollado verdaderos controles en materia de lucha de prevención de ganancias ilícitas y el lavado de dinero. En opinión de los expertos, el país no cuenta con especializados en investigar y resolver este problema.

“No tenemos fiscales especializados, no conocen cómo se tienen que tratar este delito, no conocen cómo se tiene que hacer una investigación de este tipo; la policía no está preparada para esto. No hay ni policías ni fiscales especializados, menos aún jueces”, aseguró Rojas.

Este criterio fue reconocido por un exencargado de combatir el narcotráfico en el país. En su opinión, la policía y las fuerzas especiales bolivianas carecen de dos de las herramientas más importantes utilizadas por los cuerpos de seguridad internacionales. La primera es la capacidad de interceptar comunicaciones, hecho que aún es ilegal en el país. Y tampoco hay una legislación que disponga los términos para el tratamiento de los informantes, lo que significa que la policía y los fiscales no pueden recompensar a los posibles informantes con dinero o con reducciones de penas de prisión.

Tanto Larrea como los investigadores financieros consultados por Oxígeno coincidieron en que, para combatir este delito, el país debe tener un libre cruce de información entre los datos que se registran que Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional y la UIF.

“Eso permitiría establecer una base de datos centralizada de gestión de información y de riesgo que permita transparentar las operaciones. Una base de datos potente serviría a todo el sistema para retroalimentar e informar al sistema financiero y decirles en que sectores deben tener mayor cuidado y control”, finaliza Franco Rojas.