La Paz, 10 de diciembre (Urgente.bo).- El exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), Humberto Claure, fue aprehendido la noche de este lunes por la Fiscalía Departamental de La Paz, por los delitos de uso indebido de bienes y servicios del Estado y favorecimiento al terrorismo. La noche que ocurrieron los destrozos de bienes municipales habrían sido captados personas particulares a bordo de vehículos de la empresa estatal.

“La denuncia es por uso indebido de bienes del Estado y favorecimiento al terrorismo por el traslado de personas particulares en vehículos de Epsas (...) que participaron en la quema de los 64 buses PumaKatari y la EPI”, informó el director jurídico de la Alcaldía, Fernando Bascopé.

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Marcel Claure es conducido por la Policía, la noche del lunes (foto Página Siete)

Al respecto, el Alcalde de La Paz Luis Revilla solicitó al Ministerio Público actuar con celeridad para dar con todos los responsables de los destrozos a los bienes municipales como la quema de los buses PumKatari, la infraestructura pública y la subalcaldia de Mallasa.

 “El Ministerio Público tiene que dar con todos los autores intelectuales, los autores materiales de todos los daños que se han causado a la propiedad; hay otra personas que se está investigando y ojalá todos quienes han planificado y han ejecutado, sean han puestos ante la justicia lo más ante posible”, afirmó el burgomaestre la noche de este lunes en plaza Murillo.

La denuncia la activó la Alcaldía de La Paz sobre la base de informes, reportes, declaraciones y documentos de Epsas que darían indicios de que los vehículos de la empresa estatal habrían facilitado el movimiento de los grupos que atacaron a los PumaKatari y los módulos policiales, entre el 10 y 11 de noviembre, explicó el director de Procesos Jurisdiccionales de la Municipalidad, Fernando Bascopé.

Este martes se realizará la audiencia cautelar y el cuerpo jurídico municipal solicitará la detención preventiva para Humberto Claure, dijo Bascopé. Los delitos que se sindica al investigado son: uso indebido de bienes y servicios del Estado y favorecimiento al terrorismo.

Al respecto, la defensa del implicado, Aida Camacho, negó que los vehículos de Epsas fueron facilitados para ataques terroristas.

La jurista dijo que la noche de los actos violentos un grupo de vecinos subió a una camioneta para dirigirse a una oficina de la empresa en Chasquipampa, ya que circuló el rumor de desabastecimiento de agua. Camacho dijo que su defendido hizo la denuncia respectiva en la Fiscalía de La Paz.

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