El Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán confirmó la agenda y el carácter de su visita a Bolivia que se realizará del 15 al 22 de febrero e incluirá reuniones con diversos sectores. La llegada del Relator fue gestionada por el Gobierno nacional en el marco del proceso de la reforma judicial.
 
“El objetivo de la visita es examinar, en un espíritu de cooperación y diálogo, la situación relativa a los diferentes aspectos relacionados con el mandato del Relator Especial en Bolivia, e informar al Consejo de Derechos Humanos con sus conclusiones y recomendaciones al respecto”, se lee en la segunda misiva enviada por García Sayán al Gobierno de Bolivia.  

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“El Relator Especial abordará cuestiones relacionadas con la estructura, organización y funcionamiento independiente e imparcial de la judicatura; la administración de justicia; la protección de los agentes del sistema de justicia; el juicio imparcial; y la igualdad de acceso a la justicia y la asistencia letrada, desde una perspectiva de género". 

"Además, la visita se centrará en las medidas adoptadas para garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial y de los fiscales”. 

“Adicionalmente, esta visita es una oportunidad para considerar y hacer recomendaciones relativas a los esfuerzos de reforma judicial en curso en Bolivia”, remarca en el capítulo referido al objetivo de la visita.

Tras reunirse con autoridades de gobierno, tiene previsto sostener encuentros con jueces, abogados, mecanismos de supervisión de la Policía, instituciones y mecanismos nacionales de derechos humanos y sociedad civil. 

García-Sayán destacó la voluntad del Gobierno nacional para llevar adelante esta importante visita que permitirá demostrar que se hacen los esfuerzos necesarios para desarrollar una reforma judicial y garantizar el debido proceso. 

De conformidad con la resolución 8/6 del Consejo de Derechos Humanos, de junio de 2008, el mandato del Relator es: 

a) Investigar toda denuncia sustancial que le sea transmitida y comunique sus conclusiones y recomendaciones al respecto; 

b) Identificar y registrar no sólo los atentados a la independencia de la judicatura, los abogados y los funcionarios judiciales sino también los progresos realizados en la protección y el fortalecimiento de su independencia, y hacer recomendaciones concretas que incluyan la prestación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica a petición del Estado interesado; 

c) Determinar las formas y medios de mejorar el sistema judicial y formule recomendaciones concretas al respecto.

d) Estudiar, con el objeto de formular propuestas, las cuestiones de principio importantes y de actualidad con miras a proteger y fortalecer la independencia de la judicatura y de los abogados y los funcionarios judiciales; 

e) Aplicar una perspectiva de género en su labor; 

f) Cooperar estrechamente con los órganos, mandatos y mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas y con las organizaciones regionales, evitar a la vez la duplicación de esfuerzos; 

g) Informar periódicamente al Consejo de acuerdo con su programa de trabajo y anualmente a la Asamblea General. 

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