El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó la obligación del alcalde de La Paz, Iván Arias, de destituir al Secretario Ejecutivo Municipal, José Carlos Campero, en cumplimiento con la Ley de Fiscalización 499. La resolución también confirma la vigencia de las censuras emitidas por el Concejo Municipal hacia un grupo de altas autoridades que no se presentaron al acto interpelatorio y que ya no trabajan en el Ejecutivo Municipal.
“El Alcalde no puede seguir evadiendo la ley como lo ha hecho hasta ahora. Es su deber destituir al Secretario Ejecutivo y cumplir con la Ley de Fiscalización, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional Plurinacional”, advirtió el concejal Javier Escalier, en referencia a la reciente sentencia constitucional.
La Sala Segunda del TCP confirmó la resolución 49/2024, emitida previamente por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En su fallo hecho público este viernes, el TCP concluye que el alcalde incumplió con los artículos 23 y 25 de la Ley de Fiscalización 499, promulgada en septiembre de 2022. Este incumplimiento también derivó en la orden judicial de destituir de inmediato a las autoridades censuradas por el Concejo Municipal.
El concejal Escalier recordó que “la censura implica la destitución inmediata de las autoridades observadas. En este caso, el alcalde Arias no sólo incumplió con esta disposición, sino que reincorporó a funcionarios ya censurados, incurriendo en desobediencia judicial”.
En sesión 015/24 del Concejo Municipal, el órgano deliberante de la ciudad de La Paz censuró a 15 altos funcionarios del Órgano Ejecutivo Municipal, quienes no asistieron al acto interpelatorio requerido por la Ley de Fiscalización 499. Entre los censurados se encuentran secretarios, subalcaldes y jefes de unidad, de los cuales solo José Carlos Campero permanece en funciones, a pesar de la censura y la orden judicial de destitución.
La ley establece que, al ser censuradas, estas autoridades pierden la confianza del Concejo Municipal, lo que obliga su destitución inmediata. Sin embargo, el alcalde reincorporó a cinco de estos funcionarios en febrero de este año, desatendiendo las disposiciones legales. “Estas acciones no solo violan la Ley de Fiscalización, sino también constituyen un acto de desobediencia a resoluciones judiciales”, enfatizó Escalier.
En 2023, el primer proceso derivó en una orden de cumplimiento emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia. Este fallo fue elevado al TCP, que ahora ha ratificado la obligación del alcalde de cumplir con la ley y las resoluciones judiciales.
“El alcalde Arias debe entender que ninguna autoridad está por encima de la ley. Su incumplimiento reiterado pone en riesgo el respeto al Estado de Derecho y puede derivar en procesos penales en su contra”, concluyó el concejal Escalier.
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