La Paz, 6 de diciembre (Urgentebo) .- La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) planteó hoy, un acuerdo de concertación para recuperar la institucionalidad del Órgano Judicial debido a que el resultado de la votación del tres de diciembre, profundizó aún más la crisis del sistema judicial y cuestionó la legitimidad de las autoridades electas, poniendo en entredicho, un proceso que, a criterio de los empresarios “pudo haber sido la base de una reforma estructural de la justicia boliviana”, según afirma un comunicado oficial de la institución.
La entidad, que agrupa al sector empresarial boliviano, señala además su preocupación por “las consecuencias de la inadecuada administración de justicia, reflejada en los últimos fallos emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional” y demandan que “se garantice la fuerza, supremacía y principios de la Constitución Política del Estado”.
La tarde de hoy, se reunió el Consejo de Presidentes de las entidades empresariales bolivianas, al que asistieron los representantes de Cámaras y Federaciones Departamentales, y realizaron un análisis de los resultados de las elecciones judiciales y la determinación del Tribunal Constitucional de emitir un fallo que viabiliza la repostulación indefinida de las autoridades electivas.
El comunicado de la entidad empresarial, recuerda que la Constitución Política del Estado es un pacto social entre todos los bolivianos que establece que “la soberanía reside en el pueblo y, se ejerce de manera directa y delegada, estableciendo el marco jurídico al cual los bolivianos, democráticamente, nos hemos obligado”, y cuyo desconocimiento y vulneración “(…) generan incertidumbre y falta de credibilidad incidiendo, de manera directa, en los avances alcanzados y los objetivos que nos hemos planteado como sociedad democrática”.
Finalmente, los privados hacen hincapié en la independencia político-partidaria de la Confederación, aunque reafirma el derecho de los empresarios “a expresar nuestra opinión sobre los temas políticos cuando éstos afectan a los valores democráticos, la estabilidad, la institucionalidad y, sobre todo, el bienestar del pueblo boliviano”.
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