La Paz, 26 de septiembre (Urgentebo).- El minero Ever C., acusado de participar en el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, recibió hoy la detención preventiva en audiencia de medidas cautelares. Además, es sospechoso de cometer los delitos de robo agravado, organización criminal, tenencia y porte o portación ilícita y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, informó el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.
“El Ministerio Público ha colectado declaraciones testificales, fotografías y videos que demuestran la participación del Ever C. en los delitos imputados, por lo que solicitó que se aplique la medida extrema, tras evidenciar los riesgos procesales”, dijo Blanco.
En la audiencia de medidas cautelares desarrollada en el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal de El Alto, la comisión de fiscales detalló que se colectaron los suficientes indicios de convicción para imputar al sospechoso por el delito de asesinato, toda vez que el pasado 25 de agosto estaba parado cerca del viceministro cuando fue secuestrado, brutalmente golpeado y posteriormente victimado en la localidad de Panduro.
En cuanto al delito de robo agravado, el Ministerio Público evidenció que el imputado junto a varios mineros y dirigentes cooperativistas ingresó violentamente en el vehículo del viceministro para sustraer sus objetos personales, entre ellos: documentos personales, una computadora portátil, una mochila y armamento de reglamento de uso policial del edecán de la extinta autoridad.
Respecto al delito de organización criminal, la comisión de fiscales argumentó que como cooperativista minero de Siglo XX instigó a sus compañeros de base a cometer delitos que atentaron contra la vida y la integridad física de las personas, además de la propiedad pública y privada poniendo en grave riesgo la seguridad pública al tratar de destruir presumiblemente un ducto de gas.
Además, el Ministerio Público sostuvo ante la autoridad jurisdiccional que Ever C. incurrió en el delito de tenencia y porte o portación ilícita al usar explosivos para causar daños físicos a los efectivos policiales, por lo que también fue imputado por el delito de atentados contra miembros de organismo de seguridad del Estado.
Ante lo expuesto, la comisión de fiscales fundamentó los riesgos procesales que concurren para que se aplique la medida extrema de la detención preventiva, tales como el peligro de fuga y obstaculización.
Además los fiscales argumentaron que el imputado no presentó la documentación idónea que demuestre tener una familia constituida, domicilio o residencia habitual y trabajo o negocios asentados en el país.
Respecto al peligro de obstaculización, el Ministerio Público agregó que el imputado puede modificar, destruir, u ocultar pruebas, además de influir en sus bases, testigos y otros imputados, para que se comporten de forma reticente o que declaren falsamente.
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