15 de enero (Urgente.bo).- Tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia, el Gobierno constitucional y la Fiscalía inició investigaciones en contra de diferentes autoridades, comenzando desde el propio exmandatario, quien es procesado varias denuncias por sedición y terrorismo. Actualmente existe una orden de aprehensión en su contra por instruir a las bases cocaleras cercar las ciudades e impedir el ingreso de alimentos, hecho que es tipificado como delito de sedición y terrorismo.

MINISTERIOS

En el gabinete ministerial del expresidente Morales, recientemente el exministro de Gobierno, Carlos Romero, fue aprehendido por presuntamente estar implicado en los hechos de corrupción detectado en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN). Además, én la víspera, la ministra de Comunicación informó que denunciará a Romero por supuestos vínculos con el narcotraficante Pedro Montenegro.

El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, es investigado y tiene una orden de aprehensión en su contra por los delitos de sedición y terrorismo. La exautoridad estaría implicada en las investigaciones por el audio en el que Morales instruye cercar las ciudades y actualmente está asilado en la residencia mexicana en La Paz.

El exministro de Justicia, Héctor Arce, fue denunciado por funcionarios de esa cartera de Estado porque les habría obligado a manipular las actas de las anuladas elecciones del 20 de octubre de 2019. Según información policial, Arce aún está en territorio nacional y podría ser convocado para que asuma defensa de las acusaciones.

Wilma Alanoca tiene orden de aprehensión en su contra por el caso de los explosivos que fueron encontrados en dependencias del Ministerio de Culturas. Ella permanece asilada en la Residencia de México en La Paz.

La exministra de Comunicación, Gisela López, es procesada penalmente el caso de presunta corrupción en la contratación de la empresa mexicana Neurona Consulting para la campaña de la demanda marítima. La exautoridad está asilada en Argentina.

Por ese mismo caso, la exviceministra de Políticas Comunicacionales, Paola S.G.G., fue imputada supuestamente incurrir en los delitos de incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles en el ejercicio de las funciones públicas y conducta antieconómica.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Los seis vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) están encarcelados investigados por fraude electoral. Sergio Martínez, exasesor del Órgano Electoral, es buscado por la Policía por haber manipulado los resultados de las elecciones del 20 de octubre.

Varios vocales electorales departamentales corrieron la misma suerte sus pares del TSE, todos investigados por delitos electorales.

OTRAS EXAUTORIDADES

El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, fue remitido a la cárcel de San Roque de Sucre acusado por la comisión de los delitos de abandono de funciones, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos.

El excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, es investigado por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes debido a una acción tardía en los conflictos de noviembre. Fue denunciado por no haber sostenido una reacción oportuna de las FFAA ante hechos de vandalismo, tras la renuncia de Evo Morales.

El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra del exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Gary Medrano, por presuntamente haber autorizado de manera ilegal la venta de 200 litros de gasolina para la fabricación de bombas molotov en dependencias del Ministerio de Culturas para ser usadas durante el conflicto social. Además, en su contra pesa una denuncia por supuestamente usar un predio de la ANH para el funcionamiento de los guerreros digitales.

César Dockweiler, exgerente general de Mi Teleférico, fue denunciado formalmente por los delitos de uso indebido de bienes del Estado y tráfico de influencias, puesto que se hizo uso de un taller audiovisual de la empresa estatal para hacer spots políticos. Asimismo, funcionarios de la empresa de transporte por cable denunciaron que Dockweiler los obligaba a participar en actividades políticas a favor de MAS, también les obligaba a dar aportes. Por estos casos, Dockweiler tiene dos órdenes de aprehensión.

En el caso del fraude electoral, el exdirector de Agetic, Nicolás Laguna, tiene en su contra una orden de aprehensión.

Marcelo Claure, exinterventor de la Empresa Pública de Social de Agua y Saneamiento (Epsas), es acusado de usar autos oficiales para trasladar a la gente que protagonizó actos vandálicos en la zona Sur, tras la renuncia de Evo. Actualmente, Claure está con detención domiciliaria.