La Paz, 14 de diciembre (Urgentebo.com).- Las asociaciones de periodistas de Bolivia denunciaron este martes que el Gobierno tiene la intención de acallar la voz de los periodistas y medios de comunicación que no le son afines. Del mismo denunció que el Ejecutivo está incitando a la violencia.
La denuncia a la opinión pública nacional e internacional la hizo este martes, precisamente cuando el gobierno difundió el documental titulado “El cártel de la Mentira”, un trabajo comunicacional hecho por un periodista afín al Ejecutivo y que busca sostener la hipótesis del Ministro de la Presidencia, quien afirma que hay medios y periodistas que se articulan con mentiras para afectar al gobierno.
En ese contexto damos a conocer la denuncia de los gremios del periodismo.
Frente a la decisión gubernamental de exhibir el documental titulado “El cartel de la mentira” la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y las ocho asociaciones departamentales afiliadas, denunciamos a la opinión pública nacional e internacional la intención gubernamental de acallar la voz de periodistas y medios de comunicación que no le son afines.
La difusión masiva de este documental, financiado por el Ministerio de la Presidencia, es parte de la estrategia gubernamental para amedrentar y desprestigiar la labor de los trabajadores de la información.
Lamentamos que el gobierno haya contratado los servicios de un comunicador extranjero para denigrar a periodistas bolivianos.
La exhibición masiva en todo el país del citado documental es una incitación a la violencia, maltrato y desprestigio a los periodistas mencionadas en el audiovisual.
Queremos recordar al Gobierno la obligación que tiene el Estado de proteger a aquellos periodistas cuyas vidas e integridad física están en peligro, mediante la adopción de medidas adecuadas y efectivas, según manda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Gobierno debe adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia y no a su incitación.
En estas circunstancias, responsabilizamos al Gobierno por cualquier tipo de violencia que afecte la integridad física de nuestros colegas y sus familias.