Nuestra “justicia” es miserable no solo por el sometimiento de los jueces, su falta de idoneidad personal y profesional, la corrupción y la retardación, el hacinamiento carcelario o la impunidad de los delitos atroces contra mujeres y niñas, sino y, gráficamente, porque tiene un presupuesto miserable. Veamos:

Este 2021 el Presupuesto General del Estado (PGE) le asignó al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional la suma de 1.034 millones de Bs, equivalente apenas al 0.34% de todo el presupuesto nacional que es de casi 296,000 millones de Bs. (100%).

Todo el “sector de justicia”, que comprende, además del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, a la Fiscalía General, al Ministerio de Justicia, a la Escuela de Jueces y a los Servicios de Defensa Pública y Asistencia de Victimas, tiene asignado en el PGE  1.347millones de Bs., que es solo el 0.46% del total de los recursos públicos.

Estas cifras y porcentajes pueden entenderse mejor en el siguiente cuadro, elaborado en base al PGE y con los desgloses efectuados por la fundación “CONSTRUIR”:

Pero la mísera asignación estatal a la administración de justicia es más evidente si vemos las asignaciones presupuestarias 2021, de algunos ministerios:

Vale decir que solo los ministerios de Gobierno y Defensa tienen casi 8 veces más presupuesto que toda la administración de justicia; y que solo el Ministerio de Planificación supera presupuestariamente a todo el Órgano Judicial.

Se dirá que, en el caso de Gobierno y Defensa, estamos frente al enorme gasto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pero ello en ningún caso puede ser casi 8 veces más que el dinero destinado a la justicia que debe garantizar paz social, seguridad jurídica, evitar el abuso de los gobernantes y, sobre todo, preservar la dignidad, la libertad, el patrimonio y todos los derechos de los ciudadanos, garantizando la convivencia democrática.

Por ello en la propuesta de Reforma Constitucional que formulamos 10 juristas independientes, planteamos la urgencia de acabar con la miseria económica de la justicia incrementando su presupuesto al 3% del PGE, e inscribiendo dicho porcentaje en la Constitución, como un mínimo estatal obligatorio, no negociable anualmente con el Ministerio de Finanzas. Solo así será posible tener más jueces y juzgados que trabajen en una infraestructura adecuada, con salarios dignos y medios suficientes; requerimientos urgentes, hoy día irrealizables porque, además de la exigüedad del presupuesto del Órgano Judicial, estos dineros, de los cuales el 70% se van en sueldos, están mal administrados.

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La 1ra “Cumbre” de justicia se efectuó en diciembre de 2012 y una de sus conclusiones fue solicitar un 3% de presupuesto judicial lo que fue ignorado absolutamente por el gobierno del MAS; la 2da “Cumbre” judicial se efectuó en junio de 2016 y se descartó cualquier incremento presupuestario judicial porque, según los gobernantes, había que ver primero los cambios y los resultados sugeridos por la “Cumbre”, para recién incrementar los recursos. Nunca hubieron ni cambios ni resultados y más bien se redujo la asignación presupuestaria, al extremo que el “nuevo” gobierno del MAS, para el año 2021, recortó el presupuesto judicial en por lo menos 6%.

La última propuesta gubernamental de “Reforma Judicial” (septiembre 2021), será pura demagogia si sigue ignorando el incremento presupuestario, dejando sin sustento los 6 ejes del Ministro Lima quien, sin embargo, ha anunciado para 2022 una 3ra cumbre judicial que podría repetir el triste espectáculo de partidización excluyente y de “conclusiones” cocinadas al calor de los intereses inmediatos del gobierno. Por eso y por mucho más, seguiremos impulsando la Reforma vía Referendo Ciudadano.

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