El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este lunes que el Gobierno nacional creará un fideicomiso de casi Bs 8 millones para que las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba emprendan proyectos productivos, como resultado de una reunión con los dirigentes de ambos sectores en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, de la ciudad de La Paz.
“Como puntos importantes tenemos la creación de un fideicomiso que va a ser emprendido por el Gobierno nacional para lograr que todas las víctimas tengan derecho al trabajo y a emprender procesos productivos. Estamos hablando de un fondo de casi Bs 8 millones que tiene que implementarse en las próximas semanas. Vamos a ver de que sea lo más pronto posible”, dijo, en el cierre del encuentro.
La autoridad estatal explicó que en la cita se acordó, además, la ampliación de las becas de estudio gubernamentales a las víctimas, como sucedió el año pasado.
También mencionó que se consideró la necesidad de la continuidad, por un año más, de un bono alimenticio que proporciona el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas.
“Finalmente, entre los temas más relevantes el sector salud tiene que continuar con la atención ya individualizada en los casos que quedan todavía pendientes de atención por parte del Estado”, aseveró.
El titular de Justicia dijo que los convenios serán incluidos en reuniones que se realizarán el primer lunes de cada mes y que terminarán con un acta que se firmará hasta que se agoten los temas de una agenda de trabajo que se tiene con los representantes de ambos sectores.
Además, Lima mencionó que se trabajará en la elaboración de una ley que regule todas las acciones para la realización de un censo de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata y la reparación de los daños.
“Se va a trabajar ahora a partir de la Comisión de Derechos Humanos (de la Cámara Baja) que tiene como nueva presidenta a la diputada Betty Yañiquez. Vamos a trabajar aunadamente con ella para lograr que todos estos temas que han quedado pendientes tengan en la ley el marco normativo del censo y toda la reparación integral que se requiere en el país para las víctimas”, aseveró.
El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, ponderó la predisposición del ministro de Justicia y otras autoridades gubernamentales para dar continuidad a la atención de las necesidades de las víctimas de Sacaba y Senkata.
“Hemos tenido ciertas falencias del uno y del otro, desde hoy día lo estamos corrigiendo”, sostuvo.
El dirigente de las víctimas de Sacaba, Roberto Jucumari, calificó a la reunión como exitosa y dijo que su sector continuará con el trabajo junto con el Gobierno nacional, para que prevalezca la justicia para las víctimas de los hechos de violencia generados durante el golpe de Estado de 2019.
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