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"Obligadas a renunciar": Defensoría califica Ley 243 como un fracaso, solo dos denuncias por violencia política tienen sentencia


Lunes 29 de Mayo de 2023, 12:00pm






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29 de mayo (Urgente.bo).- Mediante un informe denominado "Obligadas a renunciar", que estudia la aplicación y efectividad de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres, promulgada en 2012, la Defensoría del Pueblo concluyó que la implementación de la ley fracasó y que el Estado boliviano incumplió en brindar a las mujeres una vida libre de violencia. 

"Desde la gestión 2016 al 2022, el órgano Electoral Plurinacional (OEP) registró 223 denuncias por Acoso y Violencia Política (AVP) hacia mujeres autoridades electas, de las cuales solo dos llegaron a tener sentencia condenatoria en el ámbito penal (...) El resto de casos aún permanecerían en estrados judiciales o bien, las víctimas desistieron del proceso judicial", es uno de los argumentos de esta investigación. 

En el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se reportaron 370 denuncias por AVP, la Defensoría del Pueblo registró 173 casos, ninguno llegó a sentencia. En páginas posteriores, el informe presenta cartas de renuncia de funcionarias que en algún momento denunciaron esta situación, pero que fueron obligadas a desistir de sus cargos. 

"En la información brindada por el TED de Chuquisaca, se evidenció un caso de AVP en la cual se amedrenta a la concejala denunciante, con el no pago de sus haberes mensuales", señala el documento. 

En las conclusiones, este informe asevera: "En ese sentido, se puede afirmar que la implementación de la Ley N.º 243 fracasó en virtud de su aspecto sancionatorio, pues no existe un mensaje preventivo/disuasivo por parte del Estado boliviano, generándose un mensaje equívoco de tolerancia y permisividad ante este tipo de violencia". 

"El Estado boliviano incumplió con la adopción e implementación de medidas eficaces y de institucionalidad —para el seguimiento de casos y sistematización de información— que garantice a las mujeres autoridades (en particular, concejalas y asambleístas departamentales) el ejercicio pleno de sus derechos políticos y la sanción a los agresores de AVP, vulnerando de esta forma el derecho a una vida libre de violencia", asevera la Defensoría después del análisis de datos que contiene el texto. 

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