Esta es una historia de cuando el debate se basa en una verdad a medias. Me refiero a la afirmación de que el biodiésel sustituirá al contaminante combustible fósil importado, ignorando el hecho de que la producción del biocombustible dará lugar a la ampliación de la frontera agrícola en nada menos que 250.000 hectáreas, deforestación masiva de nuestras selvas tropicales más valiosas de por medio[1].

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Tal como se puede inferir del reciente informe del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por su sigla en inglés)[2], en los últimos tres años, el país habría deforestado en promedio alrededor de 223 mil hectáreas al año con lo que la ampliación de la frontera agrícola podría elevar esta cifra a límites intolerables.

Las recientes declaraciones del representante de la FAO en Bolivia en sentido de que la apuesta del gobierno a biocombustibles sería fatal habrían puesto el dedo en la llaga[3], ocasionando la inmediata reacción de las diferentes partes involucradas.

Tal vez la opinión más técnica sobre el particular proviene del gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) quien ha manifestado que la producción de biocombustibles significará una mayor producción de alimentos. Su argumento se basa en las siguientes razones. En primer lugar, “la soya de verano que se va a utilizar para producir biodiésel rota en invierno con cultivos, como trigo, maíz, sorgo, chía, ajonjolí y girasol”. En segundo lugar, “la torta de soya (residuo de la transformación del grano), que el día de mañana se va a transformar en carne de res, de pollo, de cerdo, de pescado, va a ayudar a producir leche, huevo, mantequilla, yogur, etc.” Adicionalmente, ha sostenido que en Bolivia lo que se hará es desmontar antes que deforestar los bosques: “Desmontar en área que tiene vocación productiva agrícola significa tener cobertura vegetal permanente durante todo el año a diferencia de sólo deforestar.” 

Mi respuesta corta a esta suerte de alegoría al sector empresarial de Santa Cruz vendría dada a través del siguiente par de argumentaciones. Primero, en ausencia de estudios detallados de suelos en las selvas tropicales del departamento, nada garantiza que las hectáreas desmontadas o deforestadas tendrán el mismo grado de fertilidad y productividad de las tierras actualmente en producción con capacidad de generar más de una cosecha al año. En esta lógica, la producción de más alimentos en invierno podría ser más un buen deseo que una posibilidad real. Segundo, no resulta nada claro por qué el desmonte de los bosques no generará gases de efecto invernadero. Al parecer, el gerente del IBCE confunde cobertura vegetal con bosques primarios capturadores de dióxido de carbono.  

Este último punto requiere un análisis más profundo por cuanto no se puede considerar trivial el costo social de la deforestación de 250.000 hectáreas del trópico cruceño. Al respecto, es necesario reiterar el peligro que se cierne sobre nuestro país al intentar convertirlo en una verdadera amenaza mundial como contribuidor neto al calentamiento global y el cambio climático.

Hay que tener en cuenta que la deforestación de bosques aportaría con nada menos que un 25% a  la generación de gases de efecto invernadero[4] a nivel global, principal causa de dichos fenómenos. Según el estudio de Rainforest Alliance citado en el pie de página 4, este porcentaje resultaría de: i) La pérdida de un aliado crucial en el control del exceso de carbono en la atmósfera; ii) la creación de mayores emisiones cuando los árboles talados liberan el carbono que habían estado almacenando, y se pudren o queman en el suelo del bosque; y iii) la generación de más gases de efecto invernadero por las actividades agropecuarias que desplazan el bosque.

De este modo, otrora considerado un ejemplo de manejo ambiental gracias a una tasa de deforestación declinante[5], el departamento de Santa Cruz se proyectaría hoy por hoy como uno de los posibles aportantes a la emisión de gases de efecto invernadero más importantes del país, la región y el mundo en los próximos años.

El análisis anterior nos lleva a indagar los motivos por los cuales los empresarios cruceños habrían cerrado filas con el gobierno para apostar a este emprendimiento. Me atrevo a sugerir los siguientes. Para empezar, que éste podría representar uno de los negocios más lucrativos para el empresariado oriental de los que podamos tener memoria y, para concluir, que tendría riesgo igual a cero.

Efectivamente, lo más probable es que se cree algún mecanismo financiero que permita a los empresarios incorporarse en el programa, usando como garantía el mercado cautivo doméstico creado por el propio gobierno a partir de la obligatoriedad del consumo del nuevo combustible tanto por el transporte público masivo de las principales urbes bolivianas como por el transporte pesado interdepartamental e internacional, sin dejar de lado la maquinaria pesada de la propia agroindustria cruceña. Atrás quedarían asimismo las inconveniencias de tener que lidiar con el mercado externo y los precios internacionales de la soya de exportación debido a que toda la comercialización del producto sería interna; o las plagas o sequías por cuanto se les sería permitido introducir semilla transgénica capaz de enfrentar con éxito ambas eventualidades.

Sería absurdo pensar, sin embargo, que la alianza estratégica del gobierno con el empresariado cruceño se circunscribe al simple deseo de lucro de los emprendedores agroindustriales y/o al supuesto beneficio de producir más alimentos. En realidad, se podría agregar a todo ello un efecto multiplicador derivado de la producción de 100 millones de litros de aceite de soya en la economía local, en términos de generación de empleo en el campo y la agroindustria, así como en términos de dinamización del transporte, las comunicaciones y la hotelería (entre otros servicios), aspectos sobre los cuales el gerente del IBCE no ha dicho mucho, pero que, a los ojos del ciudadano de pie, representaría una apuesta decidida del gobierno al crecimiento de Santa Cruz. 

En este contexto, no parece difícil asumir que detrás de esta alianza estratégica existiría una manifiesta motivación política de cara a las próximas elecciones nacionales. Cabe preguntarse, de todos modos, si el consorcio conformado por el gobierno y los agroindustriales cruceños estará dispuesto en un futuro no muy lejano a rendir cuentas al país y al mundo por el daño ambiental irreversible que estaría a punto de perpetrar.

En el cierre, la población cruceña y el país todo no deberían quedarse con la idea dicotómica de que aquí se trata de ejecutar este proyecto o no recibir nada de parte del gobierno por cuanto podría haber una alternativa, con tantos o más réditos políticos para el gobierno y beneficios para la población en general aunque, claro, quizás en desmedro del sector empresarial de la región más pujante de Bolivia. Me refiero a la negociación de un acuerdo de moratoria de la deforestación de las 250.000 hectáreas de selvas tropicales en Santa Cruz, a cambio de una compensación monetaria de parte de algún país consciente del daño ambiental que se podría ocasionar de no adoptarse ninguna medida. Es el camino que habría recorrido Brasil entre 2008 y 2015 y que estarían siguiendo al presente Indonesia, Perú, Guyana y Liberia en el marco de sendos acuerdos suscritos desde 2008 y 2010, respectivamente, con Noruega[6]. Según el informe del WRI, citado anteriormente, Brasil se ubica en el primer lugar de los países que perdieron bosques tropicales primarios en 2018, seguido de la República Democrática del Congo, Indonesia, Colombia, Bolivia, Malasia y Perú. Se sabe que en 2015, el país europeo completó el pago de 1.000 millones de dólares al Brasil[7] y que en febrero de este año anunció que realizará el primer pago a Indonesia en el marco de un compromiso por el mismo monto total compensatorio[8].   

*   Economista