La Paz, 25 de abril (Urgentebo).- “Queremos saber dónde están esos 80 millones de bolivianos, vamos a investigar y llegar hasta el fondo de esto y luego analizar el programa de reconversión y quizás tomarla como una alternativa de solución para cambiar de rubro a mediano y largo plazo”, aseguró la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Ropa y Prendería a Medio Uso, Elizabeth Verástegui en entrevista con el portal Urgentebo.
El programa de reconversión fue un acuerdo tripartito realizado entre el Gobierno, el sector microempresarial y vendedores de ropa usada. “Nosotros teníamos que empezar a consumir un 5% de industria nacional e ir incrementando poco a poco hasta llegar a un 100%, pero el compromiso era que ellos tenían que mejorar su producción, hacer un producto con control de calidad para que nosotros comercialicemos la ropa nueva. Lastimosamente nunca paso eso, nunca hemos llegado a vender para los microempresarios porque ellos tampoco se propusieron mejorar su producción”, afirmó Elizabeth Verástegui.
Verástegui explicó que la propuesta por parte del sector de comerciantes de ropa usada es la legalización de la venta de mercadería a medio uso, con la tributación correspondiente. “Queremos tributar pero las autoridades no lo aceptan”, dice Verástegui y agrega que en 5 años aumentó la cantidad de personas que venden este tipo de mercaderías.
“Las autoridades tienen que ponerse a pensar que este es un problema social, la necesidad nos obliga a mantenernos y llevar el sustento a nuestros hogares, con 1000 o 500 bolivianos cualquier persona va a comprar un fardo y puede generar una fuente de trabajo que le ayude económicamente”, afirmó la dirigente.
Al mismo tiempo, la dirigente enfatizó que su sector simplemente adquiere la mercadería en Oruro, El Alto y algunos sectores en otros departamentos, ante la consulta sobre el decreto 29761 que prohíbe la internación de ropa usada.
“Nosotros no somos quienes traemos de afuera esta mercadería simplemente nos proveemos de los lugares de expendio, lo seleccionamos, lavamos planchamos y lo exponemos en unos casos y en otros simplemente se abren los fardos, se seleccionan y se ponen a la venta” afirma.
Verástegui anunció que su sector sigue en estado de emergencia pese a que ya se han instalado las mesas de dialogo con el Gobierno y que de promulgarse la ley sin ninguna adecuación el 1 de mayo, el sector se movilizaría con marchas y bloqueos a nivel nacional. “El gobierno antes de promulgar esta ley debería pensar en las 250 mil fuentes de empleo para nuestro sector”, concluyó la dirigente.
Por eso, espera que mediante el diálogo iniciado con el gobierno, en el Viceministerio de Desarrollo Productivo, se pueda llegar a un acuerdo en el que su sector no se vea perjudicado.
“No comprenden que de promulgarse este proyecto de ley, estaríamos quedando sin fuentes de trabajo, no podríamos ya manejar nuestra mercadería ni podríamos sentarnos a vender”, explica Verástegui.
La ley que sería promulgada el 1 de mayo, además de prohibir la venta de productos usados, le da la facultad a los municipios para decomisar los mismos, y en el área rural las autoridades indígena–comunitarias también estarían facultados de realizar la incautación de la mercadería para que “un porcentaje vaya a sus municipios”, según afirmó la dirigente, y explicó que esto significaría la perdida de las fuentes de empleo en su sector.
“A nosotros no nos han socializado este anteproyecto de ley y es por eso que estamos en emergencia todos los comercializadores de ropa y vendería a medio uso”, afirma
El lunes el sector de comercializadores de ropa usada y gobierno iniciaron el diálogo, el cual se lleva a cabo con mesas de trabajo donde se ha retomado el tema de la “reconversión”, y el presupuesto de 80 millones de bolivianos que habrían estado destinados a este programa.
