Coyuntura
Ayer, el Alcalde Luis Revilla informó que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de La Paz mantiene reuniones con gremiales, choferes, mercados, cuentapropistas, empresarios y otros sectores del municipio para la implementación de las nuevas restricciones.
De acuerdo con Ríos, el aumento de casos confirmados de coronavirus, el incremento de personas fallecidas, el colapso del sistema de salud y las últimas movilizaciones que se realizaron en El Alto son razones suficientes para volver a una cuarentena rígida.
“Hay 147 municipios con riesgo alto, 159 municipios con riesgo medio y 33 municipios con riesgo moderado”, detalla el reporte.
Recordó que el municipio paceño cuenta con dos hornos crematorios que tienen una capacidad de cremar hasta cinco cadáveres al día y actualmente los equipos están operando. Añadió que se buscan alternativas para abastecer la demanda de creaciones y entierros.
Ayer, según el reporte del Ministerio de Salud, el departamento de La Paz acumuló más de 15.000 contagios y en un solo día reportó 613 nuevos casos. El número de fallecimientos ascendió a 131 sólo en el municipio.
“En atención a la nota de referencia y agradeciéndole por el envió de la misma, tengo a bien comunicarle que por instrucciones del Ministro de la Presidencia la asistencia de los técnicos y autoridades pertinentes como los viceministras de Tesoro y Crédito Público, Inversión Pública y Financiamiento Externo y, Coordinación y Gestión Gubernamental de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y Planificación”, dice la respuesta que envió el gobierno en respuesta al Legislativo.
“Thomas Becker y ambas organizaciones no se han enterado que, a causa de la crisis sanitaria, se han suspendido elecciones en 34 países. De esta recomendación se puede inferir que para estos activistas resulta más importante sus intereses políticos que el bienestar de la sociedad boliviana”, resaltó el Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales.
La autoridad, a tiempo de pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), evaluar la constitucionalidad del proyecto, advirtió sobre “contradicciones de fondo y de forma” estipulados por los asambleístas en la normativa.
“Lo que no podemos permitir de ninguna manera es que en un estado de situación donde nos encontramos, una pandemia, existan posiciones irascibles como ésta”, indicó Fernando Velásquez, asesor jurídico de la Alcaldía.
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