La Paz, 25 de julio (Urgentebo).- En el marco de la campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”, las Naciones Unidas pidieron a Bolivia poner mayor atención a la situación de las mujeres privadas de libertad, quienes sufren diversas formas de violencia, incluyendo violencia institucional, psicológica y simbólica.
En ese sentido, la ONU instó al Estado Plurinacional de Bolivia a “implementar políticas con enfoque de género en beneficio de las personas privadas de libertad, que consideren las necesidades, requerimientos y circunstancias específicas de las mujeres privadas de libertad, garantizando de esta manera el cumplimiento de sus derechos humanos y de las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok)”, señala el informe del organismo internacional.
Además, recomendó al país a considerar las siguientes acciones, entre otras orientadas a reducir la vulnerabilidad de las mujeres ante la justicia penal: introducir un sistema más balanceado de penas que tome en cuenta la gravedad del delito en línea con el principio de proporcionalidad; promover medidas sustitutivas a la detención preventiva mediante una apreciación objetiva de los riesgos procesales; promover que los operadores judiciales hagan uso de su poder de discrecionalidad para mitigar las medidas privativas de libertad en función a criterios de género; así como mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad y fortalecer los programas dirigidos a esta población.
Según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario de Bolivia, hasta junio de 2017, más de 1.300 mujeres estaban privadas de libertad, constituyendo el 7,9% del total de personas recluidas a nivel nacional. Esta cifra es mayor al promedio latinoamericano, lo cual significa que en Bolivia se encarcela más a las mujeres que en otros países de la región.
En Bolivia, las mujeres están privadas de libertad principalmente por delitos menores, no violentos y de baja relevancia social, como microtráfico de drogas, robos y hurtos. La mayoría de las mujeres que se encuentran en las cárceles de Bolivia no representan un peligro significativo para la sociedad y podrían cumplir su sentencia en libertad. Del total de mujeres privadas de libertad en Bolivia, el 38% está recluido por delitos relacionados con drogas, mientras que el 28% se encuentra en la cárcel por delitos contra la propiedad. La gran mayoría de estos delitos se consideran generalmente como delitos menores.
En Bolivia el 70% de las mujeres privadas de libertad está a la espera de un juicio y no cuenta con sentencia judicial. Cuando la mujer procesada es pobre y no puede certificar trabajo formal, vivienda propia y/o respaldo económico para el pago de una fianza, la autoridad judicial tiende a considerar que ella podría darse a la fuga para evadir la justicia, razón por la cual se dicta la detención preventiva.
Sin embargo, en muchos casos el arraigo de las mujeres procesadas podría ser demostrado recurriendo a otros criterios, más coherentes con la realidad social del país. El uso desproporcionado e injustificado de la detención preventiva constituye una violencia institucional, que tiene consecuencias dramáticas para las mujeres de bajos ingresos y para su entorno familiar.
Frente a esta situación, las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia han aportado algunas respuestas en los últimos años, demostrando una voluntad de encontrar soluciones a la excesiva vulnerabilidad de las mujeres de bajos recursos frente al sistema de justicia penal. Entre 2012 y 2015, un total de 1.288 mujeres se beneficiaron de cuatro leyes de indulto.
Asimismo, la Cumbre Nacional de Justicia Plural, realizada en junio de 2016, señaló la necesidad de humanizar las condiciones de vida en los centros penitenciarios y de adoptar medidas para proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad al interior de los recintos, en particular las mujeres.
Muchos de los sistemas penitenciarios en el mundo han sido diseñados desde un enfoque masculino, sin considerar las necesidades y problemáticas específicas de las mujeres privadas de libertad. Desde 2000, la población carcelaria femenina a nivel mundial ha crecido a un ritmo mucho más rápido que la población masculina. El endurecimiento de las políticas de justicia penal en todo el mundo ha supuesto que un número creciente de mujeres sean encarceladas.
Las mujeres son vulnerables frente a los sistemas de justicia penal. En muchos países, ellas no gozan de un acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los varones, debido principalmente a barreras culturales, de idioma y de recursos. Las necesidades específicas de las mujeres no son adecuadamente atendidas en muchas cárceles del mundo, sea en materia de asistencia jurídica, apoyo psicológico, salud mental, salud sexual, educación y trabajo.
El encarcelamiento de mujeres se traduce generalmente en familias desestructuradas. Muchas veces, los hijos y las hijas quedan al cuidado de familiares o en hogares de acogida, cuando no acompañan a sus madres dentro de los recintos penitenciarios.
De hecho, muchas mujeres privadas de libertad siguen asumiendo responsabilidades relacionadas con el cuidado de hijos y de otros familiares desde la cárcel, lo cual las coloca en una situación de extrema vulnerabilidad. Algunas también experimentan el abandono de sus familias y/o parejas, debido a la preeminencia de una cultura machista basada en estereotipos de género. El estigma social es un problema que dificulta la reinserción de las mujeres después de su liberación.
