El Alto, 28 de mayo (Urgentebo).- La muerte del estudiante Jonathan Quispe Vila, ocurrida el jueves en la Ceja de El Alto, durante enfrentamientos con la Policía, precipitó la necesidad de establecer una mesa de negociaciones entre el gobierno y representantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) sobre la demanda mayor presupuesto. Sin embargo, la solución a este conflicto de larga data no vislumbra una solución rápida, pues desde las filas estudiantiles se cuestiona los gastos para atender la planilla salarial.
Las posiciones están claras. La UPEA exige más recursos para su funcionamiento y el gobierno señala que existen dos mecanismos legales para que la universidad disponga de más recursos, pero condicionados a una reestructuración administrativa y a asumir una deuda. Esto último hizo que salten las discrepancias en la UPEA, al punto que autoridades temen ser calificadas de traidores por los estudiantes. A esto se ha sumado el desenlace de la movilización del jueves pasado, cuando aproximadamente a las 13.30 murió el estudiante Jonathan Quispe.
El viernes el ministro de Economía, Mario Guillén, invitó a establecer la mesa de negociaciones para ayer sábado, lo que fue rechazado por la Universidad, pues en la víspera fueron enterrados los restos del estudiante Quispe. Como fuera, las negociaciones pueden instalarse en las próximas horas, aunque la UPEA exige que las conversaciones se hagan con el presidente Evo Morales.
El rector de la UPEA dice que la universidad debe atender obligaciones generadas por el incremento de la población y la construcción de infraestructura. El 2011 tenía 20.000 estudiantes y ahora tiene casi 50.000 alumnos.
La urgencia de la UPEA se debe a que los ingresos con que cuentan alcanzan para pagar salarios hasta junio próximo, según admitió el rector Nogales. Por eso demanda la modificación de la ley 195 promulgada el 2011 que establece una coparticipación tributaria exclusiva para la UPEA. Dicho instrumento define una asignación de 0.355% de nueve impuestos para su funcionamiento con un presupuesto anual de 138 millones. La demanda es que el porcentaje suba a un 1.33%, para lograr el monto de Bs 400 millones.
Según los cálculos de la UPEA, con ese incremento se atendería las necesidades de gestión para un periodo de cuatro años.
El conflicto que cobró un giro inesperado el jueves es de larga data, tiene cuatro años. En ese periodo, el gobierno del presidente Morales generó el decreto 3397 que permite la creación de un fideicomiso para que las universidades como la de El Alto accedan a recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que se encuentran inscritos en sus presupuestos, para atender “obligaciones en becas, desconcentración académica, Seguro Social de Salud Estudiantil y gastos relacionados con el proceso enseñanza – aprendizaje”.
El problema del decreto es que permite el uso de los recursos con la condición de que sean pagados en un plazo máximo de 10 años.
Al respecto el rector de la UPEA, Ricardo Nogales, dijo a El Compadre que los estudiantes le advirtieron a su autoridad no puede mover recursos económicos del IDH para el funcionamiento de la universidad. Dijo que sería declarado traidor porque el Plan de Desarrollo Institucional (2015-2020) ya definió el uso de los recursos del IDH para proyectos de investigación e infraestructura. Además que este decreto involucraba una deuda para la UPEA y solo era disponible con la firma de estudiantes y autoridades. Así, el diálogo se iniciaría en un callejón sin salida.
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