Han transcurrido 191 años desde la independencia de la República de Bolivia, y de acuerdo a una revisión histórica, uno de los primeros documentos jurídicos de la República de Bolivia que justificó su condición de entidad libre para disponer de sí misma, fue el Decreto de 9 de febrero de 1825.
En efecto -y según Charles W. Arnade[1]-, el 9 de febrero de 1825, el Mariscal Sucre, como comandante del Ejército Unido de Liberación, emitió su famoso decreto, que es la verdadera piedra angular de la independencia de Bolivia. Comenzaba expresando al pueblo de Charcas que el propósito de la entrada del Ejército bolivariano al Alto Perú fue libertarlo del dominio español, pero bajo ninguna circunstancia intervenir en los asuntos internos de las provincias. El decreto enfatizaba que era necesario que las provincias fueran gobernadas por alguna autoridad. Afirmaba que el Alto Perú había pertenecido al Virreinato de Buenos Aires, pero que esta región carecía en esos momentos de un gobierno que fuera representativo de todas sus provincias, y por tanto, los distritos interiores no tenían posibilidad de reintegrarse a Buenos Aires.
Asimismo, el decreto explicaba que cualquier solución final, debería estar basada en un entendimiento de las provincias de Charcas con el gobierno del Bajo Perú y también con cualquier gobierno que hubiera en el Río de La Plata. Debido a todas estas complicaciones –dice Arnade–, el Alto Perú debería estar bajo la autoridad del comando del Ejército Unido de Liberación, hasta que una asamblea legalmente elegida por los altoperuanos hubiera decidido lo que las provincias quisieran hacer. Sucre ordenó que esta asamblea inicie sus deliberaciones el 29 de abril en Oruro. El ejército de liberación aceptaría la resolución de este cuerpo colegiado. El comandante prohibió estrictamente cualquier intervención de este ejército en los preparativos de la Asamblea. Eran siete artículos detallando el procedimiento de elección de los diputados al Congreso. El decreto fue firmado por Antonio José de Sucre y Agustín Geraldino (su Secretario personal), en La Paz el 9 de febrero de 1825. Este fue, después, el documento básico del cual surgió la Asamblea que declaró la independencia del Alto Perú (hoy Bolivia).
La circunstancia de haber sido expedido con la fuerza necesaria para que pueda y deba ser ejecutado –agrega Humberto Vázquez Machicado[2]–, le da este carácter primordial, por encima de cualquier otro de variada redacción, dictado durante la guerra emancipadora que comenzada el 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, terminó en Tumusla el 19 de abril de 1825.
Ciertamente, al dejar en libertad a las provincias del Alto Perú para disponer de sus propios destinos, tal decreto autorizó de antemano y dio su primera ejecutoria a la declaración de la independencia absoluta. Fue –según Vázquez– el reconocimiento expreso del principio de auto-determinación de los pueblos que oportuna o precipitadamente aplicado, comenzó a surtir sus efectos de regla jurídica del derecho público americano.
Más allá de estudiar los fundamentos de tal decreto, su trascendencia y significación histórica (así como la polémica Bolívar versus Sucre), y las dificultades de ser realidad tangible, Vázquez Machicado consideraba que este tema no era otra cosa que una “blasfemia histórica” contra un siglo de tradición; no obstante, hizo un estudio minucioso y detallado acerca de quién fue el autor intelectual y material del decreto (tema que expuso en una sesión de la Sociedad Geográfica “Sucre”, en abril de 1938).
Vázquez Machicado señala que, con referencia a este Decreto, existe la común leyenda propalada por nuestros historiadores, que debiera su origen e inspiración a las sugerencias del doctor don Casimiro Olañeta.
Es así que, luego de realizar una revisión bibliográfica de las obras más importantes que relatan la historia de Bolivia, así como del análisis serio y objetivo de los documentos históricos confrontados según su orden cronológico de aparición, Vázquez Machicado arriba a importantes conclusiones señalando: que en Yacán (pueblo cerca de Yanahuanca), entre Bolívar y Sucre conversaron que la reunión de una asamblea es el mejor procedimiento para arreglar las cosas del Alto Perú; el 8 de enero de 1825 desde el Cuzco, Sucre escribió a Bolívar que las provincias altoperuanas no querían ser “sino de sí mismas”, y hace referencia “a la tal asamblea” de la cual ya habían hablado; el 1º de febrero de 1825 desde Puno (y sin haber visto a don Casimiro Olañeta) Sucre habló a Bolívar de convocar a una asamblea para que las provincias altoperuanas resuelvan de su suerte; el 2 de febrero en la noche, Sucre redactó en Puno, su proyecto de decreto convocatorio de dicha asamblea; el 3 de febrero, y desde Puno, Sucre remitió a Bolívar una copia de su proyecto, diciéndole que lo promulgará en cuanto llegue a La Paz; el mismo día 3 de febrero y desde el mismo Puno, Sucre escribió haberse entrevistado con don Casimiro Olañeta, quien le había dado informes sobre la situación militar de su tío el General Olañeta; el 4 de febrero al amanecer, el General Sucre sale de Puno en dirección a La Paz; el mismo día 4, estuvieron en Acora donde según la afirmación del propio Casimiro Olañeta, inspiró a Sucre el mentado decreto; el día 5 escribe desde Ilave al Libertador, refiriéndose a sus charlas con el inquieto y versátil doctor, acerca de las aspiraciones altoperuanas; el 7 de febrero, el General Sucre llega a La Paz, acompañado del doctor Olañeta; y el 9 de febrero Sucre lanza su decreto.
Como se puede ver, de acuerdo a esta cronología histórica, la idea de la autodeterminación de las provincias altoperuanas fue netamente de Sucre, pensado con anterioridad a su encuentro con Olañeta. Entonces, la idea de independencia fue del Mariscal de Ayacucho, y en consecuencia, fue Antonio José de Sucre el autor intelectual y ejecutor de todo ello. Por tanto, Bolivia se debe enteramente desde el momento originario de su concepción, al Gran Mariscal de Ayacucho.
Por tanto, y en palabras de Vázquez Machicado, Bolivia no le debe al doctor Casimiro Olañeta la idea primaria de su constitución en Estado libre. Lo que sí le debe, es mucho de su anarquía y desgobierno, tanto en el hecho mismo como en el ejemplo que ha dejado en nuestra agitada vida institucional.
