En una clase de Políticas Públicas para concluir el tema con un ejemplo práctico de la materia solicito a los alumnos que analizaran un tema de política pública y ellos seleccionaron el tema de la transferencia de los aportes laborales y patronales de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a la entidad gestora, ahí van algunas ideas que profesionales de distintas áreas esgrimieron durante la discusión académica.
Entendemos por política pública a “las acciones de gobierno, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad”, de acuerdo a Chandler y Plano, que complementado por Luis Aguilar tenemos una aproximación mucho más aterrizada “La política pública es producto de la interacción gobierno-sociedad, una obra coproducida por el poder público y el público ciudadano según diversas formas y grados de interlocución e influencia. Es una obra pública y no sólo gubernamental”.
En ese marco, se conformó en el aula cuatro grupos en la clase: Gobierno, trabajadores representados por la Central Obrera Boliviana -COB-, Empresarios y Sociedad Civil como veedores. Quienes representaban al Gobierno, explicaron de que la medida era una medida muy importante e histórica, se trataba de recuperar los recursos de miles de trabajadores que actualmente se encuentran en manos de dos empresas privadas como son la AFP-Futuro y la AFP-BBVA Previsión. Desde el punto de vista del Gobierno, las empresas, al ser privadas y con capitales extranjeros, estos enajenan las utilidades generadas por las empresas y era justo y necesario que las utilidades se queden en el país y se recircule en la economía nacional estos recursos.
Los trabajadores, representados por la COB en el ejemplo, se inclinaron por cuestionar esta decisión de transferencia de recursos de los trabajadores a una empresa pública, principalmente cuestionando la experiencia en el manejo de una entidad de esta naturaleza. exigieron que, en caso de consolidarse la transferencia, el estado debiera realizar una devolución de las utilidades generadas por las dos AFPs a los trabajadores de acuerdo al rendimiento obtenido en los años de administración a su cargo, dado que estos ingresos están plenamente identificados por cada trabajador. Los estudiantes que representaron al sector empresarial o empleadores simplemente se opusieron a esa transferencia por que la gestión del Gobierno no garantiza un buen manejo.
En la discusión, que por cierto era muy acalorada, el Gobierno no estuvo de acuerdo en suspender la medida, a eso, los trabajadores, para ir bajando la tensión y llegar a un punto de negociación y permitir la transferencia, solicitan la revisión de los años con los cuales se calcula la renta de vejez que supera los 100 años, pero la devolución de los rendimientos obtenidos seguía en pie. Al final, el Gobierno acepta realizar este cálculo involucrando al INE en la revisión de las tablas de mortalidad actual en Bolivia y el que utilizan las AFPs para el cálculo de renta de vejez y se dan un plazo de 18 meses antes de realizarse la transferencia. En otro grupo, plantearon que se debería realizar una consulta -referendum- a todos los aportantes.
En conclusión, fue una discusión muy madura en la clase de Políticas Públicas que quedará en el recuerdo, al final la interacción entre gobierno y sociedad debe darse de manera respetuosa y propositiva, con información transparente, y esta interacción debe ser fomentada en la elaboración de una política pública, que al final se constituye en un instrumento mediante el cual la población percibe el accionar de sus gobernantes, y de fomentarse esta interacción entre gobernados y gobernantes se evitarían sorpresas a la hora de la implementación.
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