21 de agosto (Urgente.bo).- El viceministro de Justicia, Huberth Vargas, afirmó que el informe de la Amnistía Internacional demuestra que el Gobierno de Evo Morales violó varios derechos humanos de los bolivianos después de las anuladas elecciones del 20 de octubre de 2019. La autoridad indicó que el Gobierno de Jeanine Áñez coadyuvará para que se descubra la verdad de lo ocurrido postelecciones.
“Este informe, lo que hace es lo que este Gobierno durante todo este tiempo ha venido denunciando. Este Gobierno lo que va esperar y va seguir estableciendo, coadyuvando para que se descubra la verdad de lo que sucedió después de las elecciones del 20 de octubre del fraude electoral que quería cometer el expresidente Evo Morales. (…) Esto consolida todo el proceso de apertura de este Gobierno para que se descubra la verdad de los hechos”, dijo la autoridad.
Este es de los pocos informes responsables que realizan organismos de defensa de los derechos humanos que hace referencia a la violación de derechos humanos que ejecutó Evo Morales después de las elecciones del 20 de octubre del año pasado, según el viceministro.
El pasado jueves, Amnistía Internacional emitió un informe en el que denuncia impunidad en violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis postelectoral.
Para la elaboración del informe, Amnistía Internacional entrevistó a más de 60 personas, entre ellas familiares de las víctimas de violaciones de derecho humanos cometidas en el contexto de las protestas de Sacaba y el bloqueo de YPBF Senkata, personas que presenciaron los hechos y periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Los hechos ocurridos en noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata, donde al menos 18 personas murieron por disparos de arma de fuego, son emblemáticos de la crisis. Los testimonios y la evidencia recabados arrojan fuertes indicios del uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pero las autoridades competentes no han esclarecido los hechos.
El informe también da cuenta de amenazas y hostigamientos contra personas defensoras de derechos humanos, como el caso de Waldo Albarracín, quien fue blanco de un ataque contra su integridad física y cuya casa fue incendiada por una turba el día de la renuncia del expresidente Evo Morales. Las investigaciones penales por tales hechos no han avanzado y el Estado no ha brindado la protección adecuada para que las personas defensoras puedan realizar su legítima labor.
Además, preocupa a Amnistía Internacional la retórica contra los derechos humanos en Bolivia. En diferentes momentos de la crisis postelectoral, altas autoridades del gobierno anterior emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros continuaban. Por su parte, el gobierno interino se ha caracterizado por hechos de hostigamiento y amenaza a opositores políticos y a personas percibidas como tales, así como amenazas públicas emitidas por autoridades contra líderes políticos acusados de “desinformar” y contra periodistas acusados de “sedición”. Además, se han hecho acusaciones a personas por participar en “movimientos de desestabilización y de desinformación” y de hacer “guerra virtual” contra el gobierno.
Tal hostigamiento limita de manera indebida la libertad de expresión en el país, al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos los trabajadores de salud.
El informe recomienda a las personas candidatas a la presidencia a comprometerse a garantizar la pronta instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Bolivia), bajo el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El acuerdo para el establecimiento del GIEI ha sido un compromiso asumido por la presidenta interina Jeanine Añez, pero que hasta el momento no se ha concretado. La independencia del GIEI Bolivia es fundamental para determinar y esclarecer los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Asimismo, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades bolivianas para que se tomen medidas urgentes para atender la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19, que en las últimas semanas ha alcanzado dimensiones muy preocupantes en el país, afectando desproporcionadamente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente a los pueblos Indígenas.
