11 de septiembre (El País).- La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) pidió a la Fiscalía boliviana “retirar los cargos de terrorismo” contra el expresidente Evo Morales por la organización de bloqueos de carretera contra la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, en noviembre pasado.
HRW considera que estos cargos son “desproporcionados” porque únicamente se basan en la grabación de una llamada telefónica entre Evo Morales y un dirigente campesino en el que el primero –que ha negado ser el de la voz que se escucha—pide un bloqueo permanente y efectivo que impida la entrada de alimentos a los centros urbanos. “El bloqueo de carreteras es una forma de protesta común en Bolivia y otros países de la región”, señala HRW. El organismo internacional recuerda que estos cortes se usaron contra el propio Morales en las semanas previas a su derrocamiento. También menciona que los bloqueos presuntamente organizados por Morales fueron suspendidos poco después de que se efectuara la grabación telefónica por la que se lo acusa.
Human Rights Watch considera que esta situación está lejos de ser terrorismo “según cualquier definición razonable” de este delito, aunque reconoce que la tipificación del mismo en la legislación boliviana es muy laxa e incluye actos que podrían estar protegidos por las garantías constitucionales de libre expresión y asociación. HRW considera que, si quiere, Bolivia puede procesar a los autores de bloqueos de carretera, pero que no debería considerar esta acción como un acto terrorista, un delito que supone una pena de 20 años de prisión.
La organización de derechos humanos argumenta que el expediente de 1.500 páginas contra Morales no prueba una vinculación directa del expresidente con otros actos de violencia, como la quema de casas, que fueron parte de las protestas contra el ascenso de Áñez a la presidencia, y que son atribuidos a sus seguidores. “Las pruebas contenidas en el expediente, que Human Rights Watch revisó y que consisten principalmente en la llamada telefónica de noviembre de 2019, simplemente no respaldan esa acusación”.
El informe, que acaba de presentarse en Washington, recuerda que el ministro de Gobierno (Interior) de Áñez, Arturo Murillo, prometió “ir a la cacería” y “perseguir” a Morales y a miembros de su Gobierno. Para HRW, esta decisión política se tradujo en la presentación de 150 causas en contra de seguidores de Morales por sedición y terrorismo, una acción que viola independencia del Poder Judicial, pues se presionó, incluso con apresamientos, a los jueces y fiscales que no acataron la orden oficial.
De esta manera, dice HRW, Áñez continúa la práctica de manipular el aparato judicial que en su tiempo esta organización achacó al Gobierno de Evo Morales. En el pasado, el ministro Murillo y otras autoridades gubernamentales justificaron su actuación por el supuesto control que Morales tenía sobre los funcionarios judiciales.
La inv
Respecto a Hermosa, que hoy se encuentra en detención domiciliaria, HRW dice que la acusación depende exclusivamente de las llamadas que realizó a Morales, quien se encuentra exiliado en Argentina, y que los fiscales no cuentan con grabaciones o registros del contenido de las mismas. Hermosa perdió su embarazo en prisión. Jara, en tanto, está detenido por animar en redes a grupos que califican al Gobierno de Jeanine Áñez como una “dictadura” y por promover “masacres”. HRW denuncia además que la Fiscalía cambió las circunstancias reales en las que fue detenida la niñera Edith Chávez, quien sigue en prisión, para poder retenerla preventivamente en prisión.
El Gabinete de Áñez no se ha pronunciado aún sobre este informe. Respecto a críticas anteriores por la persecución judicial contra el MAS, las autoridades dijeron que respondían a una visión paternalista e ideológica de los sucesos bolivianos, y que los investigadores no querían aceptar la verdad de lo sucedido durante la crisis de octubre y noviembre de 2019.
///
