01:15 de la mañana del 13 de marzo de 2021, el Ministro de Gobierno anuncia que la ex Presidenta Jeanine Áñez ha sido aprehendida y se encuentra en manos de la Policía. Horas antes, el intenso operativo de aprehensión es ejecutado en persona por el dignatario y el Comandante General de la Policía movilizando un gran contingente policial. Como si se tratase de un narcotraficante internacional, un ex dictador prófugo o un psicópata asesino, la mujer de 53 años, que pudo echar mano de un abrigo negro para abrigarse, es subida, fuertemente resguardada, a un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana con destino al hangar de los Diablos Negros de la Fuerza Aérea Boliviana en la ciudad de El Alto, a donde llega alrededor de las 03:45 para ser trasladada a celdas policiales de la FELCC de la ciudad de La Paz.
Estos hechos, que bien podrían ser el bosquejo de una crónica del absurdo y que se disfrazan de debido proceso, tienen un móvil mucho más siniestro, la venganza. En torno a un fraude electoral, seguido de la renuncia de un Presidente y la sucesión de una Senadora se entreteje uno de los capítulos más angustiantes de la historia de Bolivia. Tras 21 días de paro nacional y movilizaciones en rechazo al resultado de las elecciones generales de 2019, el 08 de noviembre de 2019, la Policía Boliviana, incapaz de continuar la represión en las calles, se amotina quebrando como un cristal el último intento del entonces Presidente por retener el poder. Finalmente, como si se tratase de una tormenta, suceden casi de forma simultanea: la renuncia del Presidente, su Vicepresidente, varios de sus ministros, la Presidenta del Senado, el Presidente de Diputados y la Primera Secretaria del Senado originando un vacío de poder nunca antes visto en casi 30 años de democracia y que expone a la ciudadanía a un posible enfrentamiento civil ante la ausencia de las fuerzas de seguridad del Estado.
Una mujer, casi desconocida hasta ese momento, toma el control de la situación asumiendo la Presidencia del Senado e inmediatamente, la Presidencia del Estado boliviano. Los entretelones de una serie de hechos al interior del Congreso Nacional son de conocimiento de pocos y mal podría señalar si se actuó de manera fría y calculadora, conspirando contra el Estado y sus instituciones democráticas; lo cierto es que, el confuso acto de posesión, se dio entre la euforia de unos y la impotencia de otros. Minutos después, el Tribunal Constitucional de Bolivia, emite un comunicado dando el respaldo legal a la sucesión constitucional ante la vacancia presidencial.
El 24 de noviembre de 2019, de manera unánime, la Asamblea Legislativa sanciona la ley N° 1266 que establece el régimen transitorio y deja sin efecto las elecciones de 20 de octubre del mismo año disponiendo la realización de nuevas elecciones generales que, finalmente, se celebran el 18 de octubre de 2020 y dan como ganador al candidato del Movimiento al Socialismo en primera vuelta.
Ingresar en el análisis de los hechos que enlutaron al país y ahondaron la división entre las clases sociales y las regiones no es el objetivo de esta nota, sin embargo, lo relatado brevemente, constituye una serie de hechos comprobables más allá de toda duda.
441 años antes, en marzo de 1580 y con gran acierto, Miguel de Montaigne recordaba que los retóricos establecieron la diferencia entre mentir y decir una mentira:
(…) aseguran que decir mentira es decir cosa falsa que se tomó por verdadera; y que la definición de la palabra mentir, en latín, de donde nuestra lengua la ha tomado, vale tanto como ir contra su conciencia, y que, por consiguiente, esto no se relaciona sino con los que dicen algo contrario a lo que saben, a los cuales me refiero. (Montaigne: 1962)
El 30 de enero de 2020, otra mujer prácticamente desconocida, Lidia Patty, ex diputada por el Movimiento al Socialismo, presenta una denuncia contra el líder cruceño Luis Fernando Camacho, su padre y ex autoridades de Estado por una supuesta conspiración y desestabilización al gobierno legalmente constituido, hechos que habrían dado paso a un golpe de Estado.
El discurso del supuesto golpe de Estado se contrapone al discurso del supuesto fraude electoral y hoy, ninguno de los dos hechos puede ser comprobado. El primero se construye a partir de una fábula de supuestos actos conspiradores previos a la sucesión constitucional de Áñez contradiciendo su fin ulterior que sería dar justicia a las víctimas de los enfrentamientos acaecidos en Sacaba y Senkata. El segundo no es comprobable debido a la aparente pérdida de oportunidad ocasionada por la negligencia de un Tribunal Supremo Electoral que no impulsó las investigaciones a partir de los hallazgos de la Organización de Estados Americanos en el proceso electoral de octubre de 2019.
Ni la ex diputada Lidia Patty, ni su abogado, tienen el suficiente talento para entretejer una serie de hechos reales y ficticios e intentar imponerlos como realidad frente a una sucesión constitucional que fue avalada por el Tribunal Constitucional Plurinacional y refrendada por una ley del Estado, sin embargo, hay más de una mente y muchas bocas, que se prestan solícitas para intentar consolidar la idea y el discurso imponiéndolo como un hecho que quedaría registrado en la accidentada historia de Bolivia, pero lo peor, generaría una nueva crisis social.
El 07 de marzo de 2021, en medio de la segunda ola de la pandemia, los bolivianos acudimos nuevamente a las urnas para elegir autoridades departamentales y municipales, la elección desnuda finalmente las debilidades y el resquebrajamiento de un partido político que se precia de ser el único en Bolivia. El Movimiento al Socialismo gana apenas una Alcaldía de ciudad capital y tres gobernaciones y, mientras los ojos de la población están puestos en el escrutinio de los votos, de manera inesperada y con furia incontenible se desatan las pasiones sobre la ex Presidenta Jeanine Áñez, dos de sus ex ministros y un ex jefe militar.
Como la Osa de Panonia que “más feroz después de la herida, se repliega, y furiosa quiere morder el acero del que la desgarra, persiguiéndolo y dando vueltas con él” (Lucano: VI, 220), el MAS instruye la aprehensión de las ex autoridades con el resultado que todos conocemos.
Decía Montaigne que la vanidad y la estupidez son defectos que marchan a la par y en los actos de un Ministro de Estado queda expuesta la fanfarronería más que la estupidez cuando, en su intento por asumir un rol protagónico que no le corresponde dentro de la persecución penal, se muestra como el estereotipo del macho abusivo que se agranda a lado de una mujer indefensa que, hasta hace unos meses, era también su Presidenta. Cuando se dan actos de ignorancia y cobardía que sobrepasan los límites de lo ordinario, hay razones suficientes para tomarlos como prueba de maldad y castigarlos como tal, con el oprobio de la sociedad en su conjunto.
Carlos Fuentes es abogado y escritor.
