Santa Cruz, 08 de enero (Urgentebo.com).- El control de venta ilegal de armas y municiones en Santa Cruz es nulo. La revista Oxígeno con la ayuda de Miguel T, un expolicía, verificó cómo en la noche oriental sobre la calle Campero, dentro del primer anillo, en la zona de conocida como los “Cachivachis”, se mueve un mercado negro ilegal que mueve cientos de miles de dólares y alimenta a la delincuencia.
En el recorrido por el “mercado negro” de las armas se verificó la venta ilegal de pistolas, revólveres, escopetas y rifles de salón de toda marca y calibres, cuyos precios oscilan desde 100 hasta 1.000 dólares.
Miguel asegura que la venta es un comercio redondo y que todos saben del negocio ilícito, incluso sus mismos excamaradas, pero nadie se atreve a denunciar por temor a represalias.
“Siempre es lo mismo, por más operativos que se realicen los armeros se enteran de inmediato y se ponen a buen recaudo o se camuflan como vendedores de objetos usados. Esto hace difícil descubrir a los vendedores, pero de que en este lugar se vende con facilidad, es cierto”, afirma un comerciante de la zona.
El expolicía añade que muchos negocios tienen sus hilos desde la cárcel de Palamasola, donde mafias establecidas manejan el tráfico de armas y también la de los narcóticos.
“Es desde ahí, desde la cárcel, es donde el control del negocio se esparce sin ningún tipo de control quien domina en el narcotráfico también domina el negocio de las armas y lo peor es que en esto es difícil establecer el estimado, pero son millones”, explica el coronel retirado, Marco Viruez. El “negocio” ilegal de armas opera desde la cárcel a los talleres de reparación de pistolas que existen en diferentes puntos de la capital cruceña. Solo por dar un par de ejemplos, entre las calles Junín y Santa Bárbara, se venden y reparan pistolas sin ningún tipo de control.
Similar es el panorama en el pasillo 6 del primer piso del mercado Mutualista y en el billar Mutualista de la zona. La pistola calibre 9 milímetros está entre 100 y 600 dólares, la 38 está entre 500 y 700 dólares, dependiendo de la procedencia. Habitualmente se ofrecen de fabricación china, argentina y brasileña.
También existen armerías o casas clandestinas donde se fabrican y venden armas y cualquier persona puede adquirirlas con facilidad. Miguel indica que “la casa de don Choco, en el barrio Magisterio Sur de la ciudad, y la casa de Juancho, en la zona de El Mechero del Plan 3.000, son dos lugares donde hacen el trabajo ilícito”.
También se constató que en algunas ferreterías las municiones se las obtienen como comprar cualquier otro objeto. Con solo pagar unos pesos las personas pueden adquirir los proyectiles a precios que dependen del calibre.
El negocio por Internet
Los blog privados de Internet son otros sitios que alimentan la tenencia de armas en el mercado negro.
Por ejemplo, en Facebook existen páginas de los Cachis donde por ventana privada, conocida como “Inbox”, hacen las transacciones.
También existen algunos blogs que ofertan las armas “como instrumentos letales”.
Hay armas españolas 22 largo hasta en 180 bolivianos, el calibre 45 en 650 bolivianos, la pistola 9 milímetros en tan solo 650 bolivianos y el revólver 38 largo en 850 bolivianos con 25 cartuchos.
“Este sitio es únicamente publicitario exclusivamente de armas de fuego, por el peligro y las restricciones legales de venta de armas cada persona individualmente se hace responsable de sus consecuencias posteriores al no comprar mediante factura u otros requisitos que le garanticen el libre transporte para su protección y defensa”, señala un aviso del sitio web.
Arma por droga
El experto en armamento y seguridad Juan José Lima, integrante del Centro de Estudios Sobre Justicia y Participación, comenta que hay delincuentes que pagan con pertrechos sus requerimientos. “Pueden cambiar un fusil AK-47 por un kilo de cocaína; son lógicas del mercado criminal”.
El también especialista en armamento y seguridad Samuel Montaño, identifica a la frontera cruceña con Brasil como uno de los puntos neurálgicos del tráfico en el rubro, sobre todo a los pueblos de San Matías, Boyuibe y Puerto Suárez.
Precisamente en estos lugares la proliferación de armas ilegales es mayor con respecto a las ciudades.
Según datos obtenidos de la Unidad de Registro de Armas de Fuego de Uso Civil (Reafuc), la tendencia de certificación de armas disminuyó, el último año, a prácticamente cero.
Un policía de esta repartición que pidió mantener su nombre en reserva, dijo que “no existen los mecanismos adecuados para un control efectivo de armas”, lo que hace nula cualquier acción. Desde febrero solo se ha registrado un promedio de cuatro armas al mes. En ese marco, el Ministerio de Gobierno amplió el plazo para el registro.
Sólo hay 209 armas matriculadas
Se estima que en mercado negro podría haber más de 100 mil armas, sin embargo, en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz se tiene un registro de sólo 2808 armas de fuego.
Empero, el trámite concluido en febrero que representa un empadronamiento alcanza a las 209, la cantidad de matrícula concluida, esto representa apenas un 8% del total registrado y tampoco hay acción que frene el mercado negro instituido en la ciudad.
De acuerdo a las 209 armas registradas, un 60 por ciento serían de caza, un 20 por ciento corresponde a tiro deportivo y el otro restante, 20 por ciento, es para defensa personal como las armas de calibre punto 22.
En ese sentido, el pasado 17 de noviembre, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Gobierno amplió por 180 días -seis meses- el plazo para el registro de armas de uso civil.
“El Decreto Supremo 2977 es el que reglamenta el plazo para este registro que fue ya ampliado anteriormente, esta es la segunda ampliación que hacemos y es una ampliación por otros seis meses”, explicó.
De acuerdo a la Ley 400, las personas que tengan o porten armas de fuego sin registro cometen un delito porque el plazo de inscripción de armas concluyó el pasado 4 de septiembre con el registro de 10.982 armas de fuego en todo el país. Sin embargo, a pedido de diversas organizaciones del área rural del país el plazo fue ampliado.
La entidad encargada del registro es el Instituto Técnico Científico de la Universidad Policial, que tiene oficinas en los nueve departamentos. ////