10 de mayo (Urgente.bo).- La derogación del Decreto Supremo 5143 de Derecho Reales es la principal demanda del Movimiento Cívico Nacional (MCN) al Estado, los cívicos estan en contra de esta norma y piden que quede sin efecto. Además, se pide que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se encargue de la redacción de una nueva ley de Derechos Reales.
Este viernes, los representantes de los movimientos cívicos se reunieron en la ciudad de Potosí para emitir una declaratoria dirigida, principalmente, a la ALP y a otras instancias del Estado. Su objetivo es que se tomen acciones referidas a distintos temas coyunturales como el decreto supremo de Derechos Reales, el cual según ellos atenta contra la propiedad privada.
“Movimiento Cívico Nacional demanda que el decreto supremo 5143 quede sin efecto por ser atentatorio a los intereses de todos los bolivianos y ser inconstitucional y que la Asamblea Legislativa Plurinacional inicie de inmediato el tratamiento técnico y no político-partidario de una nueva ley de Derechos Reales actualizada y que garantice la propiedad privada y que sea desarrollada en consenso entre las fuerzas políticas representadas en la asamblea”, declaró uno de los cívicos, a la radio Fides, al hacer lectura de las demandas del MCN.
Entre otras exigencias, se determinó que la ALP debe “legislar, debatir y hacer cumplir la primacía de la norma por sobre cualquier falló de una sala constitucional judicial” para asumir su rol como ente constitucional y continuar con el proceso de las elecciones judiciales. Al mismo tiempo, se exige el inició de un juicio de responsabilidades a los funcionarios responsables del proyecto “fallido” de la industrialización del litio boliviano.
“El Movimiento Cívico Nacional demanda que las instancias llamadas por ley inicien el juicio de responsabilidades a los responsables por el daño económico hecho al Estado por el proyecto fallido de industrialización del litio, resultado de la auditoría de dos años al proyecto que determinó que la tecnología fue equivocada y causando un daño millonario a Bolivia”, establecieron.
Por último, se establece que los cívicos en consenso con sus organizaciones pueden definir acciones concretas para exigir el cumplimiento de sus demandas y, en caso contrario, asumirán acciones según el caso.
