25 de diciembre (IPS Noticias para Urgente.bo).- Venezuela vive una cuenta regresiva cargada de suspenso hacia el 10 de enero de 2025, cuando deberá iniciarse un nuevo período de gobierno de seis años y todavía no se despeja la incógnita de si lo hará como presidente el actual gobernante Nicolás Maduro o su opositor Edmundo González.
“El principal objetivo a corto plazo del gobierno es que Maduro se juramente el 10 de enero. Tiene todos los medios para asegurarse de que esto suceda y nada indica que ocurra algo que interfiera con el proceso”, dijo a IPS Phil Gunson, analista sénior para la región andina en la organización International Crisis Group.
La oposición “ha empezado a reconocer que esto es así, aunque María Corina Machado -la principal líder de la oposición – insiste todavía en que Maduro está arrinconado”, añadió Gunson, cuya organización, basada en Bruselas, se especializa en la resolución de conflictos.
Machado, vetada por el Estado para ser candidata en la elección presidencial del 28 de julio de 2024, fue el ariete de la oposición en la campaña que según las actas en su poder se coronó con una victoria con al menos 7,3 millones de votos (67 %), frente a 3,3 millones (30 %) de Maduro.
El poder electoral y el Tribunal Supremo de Justicia -todos los poderes nacionales, con respaldo nítido de la Fuerza Armada, están en manos del oficialismo- proclamaron la victoria de Maduro con 53 % de sufragios frente a 43 % de González, aunque sin demostrar mesa por mesa de dónde surgieron las cifras
“El principal objetivo a corto plazo del gobierno es que Maduro se juramente el 10 de enero. Tiene todos los medios para asegurarse de que esto suceda y nada indica que ocurra algo que interfiera con el proceso”: Phil Gunson.
En una riada de entrevistas que en vísperas de comenzar las fiestas de fin de año ha dado desde la clandestinidad, Machado insiste en que Maduro “está más débil y por eso estamos enfrentando las horas más peligrosas, porque un régimen que se sabe contra la pared actúa con desesperación”.
De su lado, González, exiliado en España, asegura que en los primeros días de enero estará en América Latina y el día 10 en Venezuela, dispuesto a asumir la presidencia, negándose a revelar su estrategia, pero dijo que “habrá sorpresas”, a pesar de que las autoridades anuncian que apenas ponga un pie en el país lo harán preso.
En sus mensajes a través de las redes sociales, tanto Machado como González insinúan que harán jugadas tácticas inmediatamente antes o después del 10-E, pero, en cualquier caso, aún si Maduro rehúsa negociar y se afianza en el poder, recuerdan a sus fieles que seguirán luchando “hasta el final”.
Maduro “tiene la oportunidad de aceptar los términos de una negociación que hemos ofrecido, con incentivos y garantías que permitirían estabilidad para Venezuela”, ha dicho Machado. “Si en cambio se aferra al poder por la fuerza y la represión, sería el peor error de su vida”.
Opositores y sus líderes Edmundo González y María Corina Machado en una protesta en Caracas, poco después de ser proclamado Nicolás Maduro como presidente reelecto en julio. Esas manifestaciones desaparecieron después de que las protestas fueron reprimidas, con saldo de más de 20 muertos y 2000 detenidos, entre ellos dirigentes de todo nivel de los partidos de oposición. Imagen: VV
Algo va a pasar
En mercados, cafés, panaderías y otros centros de labor, y también en redes sociales, pululan los comentarios de que “algo va a pasar”, quizás muy distinto a una tranquila investidura presidencial.
Por ejemplo, Carmen Valero, terapista a domicilio, habitante de la barriada popular de Petare, en el este de Caracas, dice a IPS que “algo tiene qué pasar, me lo dicen a dondequiera que voy por mi trabajo, que alguien o algo va a aparecer para detener a ese señor que quiere perpetuarse en el poder”.
En otra acera, Héctor Machado, empleado universitario jubilado, quien vive en un barrio obrero al oeste de la capital, dijo a IPS que “no va a pasar nada extraño, porque la oposición perdió su capacidad de movilización, aquí el que salga a protestar el 10 de enero va preso, y los militares están con Maduro”.
En los últimos meses del año la Asamblea Nacional legislativa, de oficialistas y aliados, terminó de sancionar un conjunto de leyes que restringen el espacio cívico y en la práctica anulan la posibilidad de disentir sin castigo, según organizaciones de derechos humanos del país, del exterior, y del sistema de Naciones Unidas.
Manifestaciones de protesta por la proclamación de Maduro fueron reprimidas en los días siguientes al 28 de julio -hubo 27 muertos y unos 2000 presos-, dirigentes opositores, activistas sociales y periodistas fueron detenidos.
La oposición desapareció de las calles, que ahora solo registra manifestaciones oficialistas que se presentan como de la “alianza civil-militar-policial” de gobierno.
El mandatario ha pedido a sus seguidores que se manifiesten “por millones” en las calles el 10-E, y anunció que prepara una reforma constitucional “con asesores nacionales e internacionales, para consolidar la soberanía del país”.
La madeja de rumores y deseos, nutrida por opositores de línea dura, se alimenta también al reconocer gobiernos de América y Europa que González fue quien ganó la elección, o de la falta de reconocimiento del triunfo de Maduro por antiguos aliados izquierdistas, como los presidentes de Colombia y Brasil.
Sobre todo porque hay un cambio de gobierno en Estados Unidos, y el presidente elegido Donald Trump, quien practicó una línea dura con sanciones contra el gobierno de Maduro en su anterior mandato (2017-2021), escogió a Marco Rubio como secretario de Estado (canciller) y a Christopher Landau como su segundo.
Rubio, ha sido desde el Senado en Washington un “halcón” frente a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y Landau es un diplomático muy versado en la historia y la política venezolanas.
La incógnita es cuál o cuáles políticas desplegará Estados Unidos. Mano dura, con más sanciones, cerco político y quizás respaldo a alguna salida de fuerza, o un entendimiento pragmático considerando que Venezuela es un exportador no solo de petróleo sino de migrantes, de los que Trump ansía devolver a sus países de origen.
De los casi ocho millones de venezolanos que han migrado al extranjero -una cuarta parte de la población- más de 600 000 han llegado a Estados Unidos. La firma encuestadora Poder y Estrategia señala que hasta 25 % de los jóvenes y adultos del país hace planes para marcharse si Maduro permanece en el poder.
El presidente Nicolás Maduro, al centro, flanqueado por su esposa Cilia Flores y el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa, durante una marcha militar. La Fuerza Armada se ha manifestado como un soporte firme del mandatario y reivindica que el país es gobernado mediante «una perfecta alianza cívico-militar-policial». Imagen: Presidencia
Después del 10-E
Dentro del país la gran incógnita es qué pasará si Maduro asume el 10 de enero y gobierna con desdén tanto por la mayoría que votó en su contra -según las actas en poder de la oposición- como con una mayor oposición de gobiernos extranjeros.
Rafael Uzcátegui, del no gubernamental Laboratorio de Paz en Venezuela, dijo a IPS que hay aprensión por una arremetida sobre la oposición política y las organizaciones sociales, cuyos activistas “deberán pasar a trabajar en la clandestinidad”.
“Es probable que el 10 de enero transcurra sin incidentes visibles, en un ambiente de fuerte vigilancia y represión. Desde el 28 de julio hemos presenciado un reforzamiento en las capacidades represivas del gobierno, con la participación activa de todos los poderes públicos”, dijo a IPS el académico Guillermo Tell Aveledo.
Ese reforzamiento “sugiere que cualquier intento de cuestionar la legitimidad del evento estará neutralizado de antemano. Sin embargo, esto no significa que el sistema sea estable en el mediano plazo”, señala Aveledo, decano de estudios jurídicos y políticos en la caraqueña Universidad Metropolitana.
A pesar de la percepción de control férreo “los problemas estructurales persisten. Las carencias de gestión, la falta de recursos fiscales y las restricciones para acceder a financiamiento externo son evidentes”, apunta Aveledo.
Agrega que “en el plano social, las demandas que motivaron el descontento expresado en las elecciones recientes siguen sin una respuesta clara. Además, la persecución interna dentro del aparato estatal, dirigida a funcionarios cuya lealtad ha sido cuestionada, puede estar generando tensiones adicionales”.
Y, “por último, el cuestionamiento de la legitimidad del sistema abre un espacio para que actores políticos desafectos u oportunistas intenten aprovechar el momento para reclamar un cambio de rumbo”, señala Aveledo.
Para Gunson “la única solución viable para Venezuela es una negociación a fondo que lleve a una transición democrática, pero para eso tanto gobierno como oposición deben tener la disposición, y hasta ahora eso nunca ha sido el caso”, prácticamente en todo lo que va de siglo.
“El gobierno aplica tanta represión como estima necesaria para mantenerse en el poder, para que haya algún tipo de distensión tiene que sentirse más seguro, y eso lo empezaremos a ver después del 10-E”, señala Gunson.
Considera, finalmente, que “lo primero que tienen que hacer los gobiernos que buscan mejorar la situación en Venezuela es no hacer nada que la empeore. Una vuelta a la «máxima presión» sería un error”.
El suspenso arropa así a la situación política de Venezuela al cierre de 2024, sin total certeza sobre quién, dentro de pocos días, será su presidente; si está en marcha un proceso de estabilización bajo nuevas reglas de juego, o si en el tránsito de uno a otro año aguarda una nueva sorpresa en una lucha por el poder que ya lleva décadas.
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