19 de marzo (Urgente.bo)- La Sala Plena del Tribunal Agroambiental admitió una acción ambiental directa de medida cautelar sobre la conservación y la preservación de la biodiversidad en la protección del jaguar y su hábitat en el ámbito preventivo.
En ese marco, se fijó una audiencia pública el 23 de abril del 2025 a horas 09.00 en instalaciones del Tribunal Agroambiental en Sucre.
Con la admisión de la demanda, la Secretaría de la Sala Plena dispuso citar y notificar a autoridades e instituciones para que emitan un informe escrito, en el plazo de 15 días. Ellos son el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el viceministerio de Medio Ambiente y Biodiversidad, las gobernaciones de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija; autonomías originarias indígenas campesinas; Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT); Sernap; Fuerzas Armadas; Policía boliviana y forestal; Ministerio de Educación; Fiscalía General; Senasag, Aduana y la Asamblea.
Asimismo, se dispuso la protección de la demandante María René Álvarez Camacho, el guardaparque y defensor de la fauna silvestre Marcos Uzquiano y Juan Carlos Camacho Terceros, el abogado suscribiente de la demanda.
Además, se dispuso la notificación al equipo multidisciplinario compuesto por Mariana Da Silva de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre
La demanda
La demanda fue interpuesta por María René Álvarez Camacho ante la Sala Plena del Tribunal Agroambiental en Acción Ambiental Directa de Medidas Cautelares preventivas y de reparación integral por daño a la biodiversidad, ya que denunció caza furtiva e ilegal y tráfico ilegal del jaguar y sus partes.
La demandante denunció que desde el 30 de septiembre del 2023 un grupo encabezado por el argentino Néstor Noya que se dedica a la caza furtiva de jaguares y sus partes en el área Natural de Manejo Integrado (ANMI).
Expuso que al menos cinco jaguares machos fueron abatidos con armas de fuego, crimen que fue organizado y difundido por el grupo llamado “Caza & Safari”.
La demandante expuso que la Sala Plena del Tribunal Agroambiental podría proteger de forma más eficaz a esta especie.
Álvarez demandó la suspensión de la caza al jaguar; la prohibición de la caza, la captura, transporte o comercialización del jaguar o sus derivados; cierre o restricción de acceso en zonas críticas donde haya caza; creación de sistemas de monitoreo en áreas protegidas; refuerzo de controles en puntos fronterizos; fortalecimiento de cuerpos de guardabosques, entre otros.
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