La Paz, 25 de mayo (CNN en español).- El accidente de la aeronave de la compañía Lamia, de bandera boliviana, en el que perdieron la vida 71 personas, sigue planteando interrogantes que hasta ahora nadie ha querido responder con claridad.
Como muestran los documentos a los que CNN ha tenido acceso en exclusiva, la póliza de seguro contratada por la compañía aérea boliviana Lamia no estaba en vigor en el momento del accidente de su aeronave en el Cerro Gordo, en el departamento colombiano de Antioquia, el pasado 28 de noviembre, en el que falleció la mayoría de la plantilla y el cuerpo técnico del equipo de fútbol brasileño Chapecoense.
Según una carta remitida el pasado 21 de febrero por la compañía de seguros Bisa a los gerentes de Lamia, la póliza estaba suspendida por impago desde inicios de octubre del mismo año. Es decir, el seguro no estaba vigente en el momento del accidente.
Pero además, la póliza, renovada por un año a partir del diez abril de 2016, tampoco cubría los vuelos con destino a Colombia, país que aparece expresamente citado en una clausula de exclusión geográfica junto a muchos otros, como Perú, Afganistán, Siria, Irak, Yemen o varias naciones africanas. Aún así, Lamia consiguió autorizaciones para volar a Colombia en al menos 8 ocasiones, según los historiales de vuelo. El vuelo siniestrado tenía como origen el aeropuerto boliviano de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, y como destino el aeropuerto de Río Negro, en las cercanías de Medellín.
Según Omar Durán, abogado boliviano especializado en aeronáutica, "la Dirección General de Aeronáutica Civil, como tal, tiene toda la responsabilidad de hacer esta fiscalización a cualquier aeronave. Y aun más a las aeronaves que son de uso no regular”, como era el caso del avión siniestrado.
En el mismo sentido se pronunció Fredy Gutierrez, letrado colombiano especialista en litigios relacionados con seguros: "Lo que veo en este caso es que hay una doble omisión, por parte de las autoridades de dónde salió el vuelo (Bolivia) y por parte de las autoridades a donde llegó el vuelo (Colombia). Entonces, si ha habido un accidente, esos familiares pueden demandar a esos dos países”.
La ley aeronautica boliviana 2902 establece en sus artículos 121 y 123 que la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el ejercicio de sus poderes como máxima autoridad aeronáutica tiene la atribución de fiscalizar estas irregularidades e incluso de suspender las actividades de una compañía que no mantiene su seguro en regla. Por su parte, la autoridad de aviación civil colombiana (Aerocivil) también tiene la prerrogativa de controlar que los vuelos que aterrizan y despegan de sus aeropuertos tienen la documentación al día, incluida una póliza de seguro con cobertura en su territorio. No era el caso del avión que transportaba al Chapecoense.
Esta compleja situación ha llevado a dos diputadas bolivianas opositoras a pedir explicaciones por escrito a los ministros de Economía y Finanzas, Luis Arce, y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros, del Ejecutivo de La Paz. Entre otras cuestiones, las diputadas preguntan si el Gobierno “tenía conocimiento" de la clausula exclusión geográfica incluida en la póliza de Lamia que vetaba vuelos a Colombia, así como de la situación de impago y suspensión del seguro. Según las diputadas, ya han expirado los plazos legales establecidos y aun no han obtenido respuesta de los ministros consultados.
“¿Qué credibilidad tiene Bolivia en este asunto? Queremos mostrarle al mundo que somos capaces de descubrir la verdad. Queremos demostrar que Bolivia no es un país que tiene cosas ocultas. Y si el Gobierno y el país tienen que admitir que ha sido culpables, lo vamos a llevar a cabo”, asegura Erika Justiniano, diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC). “Si el Gobierno boliviano se ha creído que le ha echado tierra encima a este tema, nosotras consideramos que no. Creemos que aquí se han puesto de acuerdo, que hay un silencio cómplice entre los Gobiernos de Colombia y Bolivia”, añade la diputada Norma Piérola, correligionaria de Justiniano
CNN ha entrado en contacto con el ministerio de Obras Públicas de Bolivia y con las autoridades aeronáuticas de Colombia para pedirles sus reacciones ante esta situación. Ambos Gobiernos han declinado hacer comentarios al respecto. Responsables de la aseguradora Bisa han confirmado a CNN la veracidad de la documentación a la que ha tenido acceso.
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