El factor determinante para hacer sostenible la actividad minera es el descubrimiento de nuevos yacimientos. El proceso de exploración es altamente costoso y sin ingresos en el corto plazo; por esto, las cooperativas mineras, prácticamente, no hacen inversión. Esta tarea se encuentra en manos del Estado y de las empresas privadas. El Estado, en este rubro, tampoco puede arriesgar grandes cantidades porque los resultados son inciertos y el capital no es abundante en las arcas nacionales. Entonces, la sostenibilidad de la minería está en manos del sector privado.
En el gráfico se aprecia que, salvo en tres años, la inversión privada ha superado a la pública y solo en los últimos ha habido una empresa que invirtió en exploración sin tener asociada una operación de explotación. Entre el 2010 y el 2012, el grupo coreano Kores exploró el área de Corocoro; pero los resultados no respaldaron una gran inversión que se había planificado para explotar cobre masivamente en esa zona. Hasta el 2012, South American Silver exploró el área de Malku Khota y sus resultados eran interesantes, o, al menos, así lo mostró públicamente.
Después de varios años, New Pacific Metals mostró los resultados de su trabajo de exploración en la zona de Colavi y emprendió otras labores similares en Carangas y en el departamento de La Paz; estas últimas las paralizaron; pero, tanto en Colavi como en Carangas, han anunciado buenos yacimientos y, hasta el momento, se ve que tiene la intención de continuar con la fase de explotación.
La Minera San Cristóbal había anunciado, al comenzar 2020, que las reservas de su depósito de sulfuros estaban llegando a su fin y que habían explorado otra área, esta vez de óxidos, donde encontraron buenos resultados; pero que tendrían que llevar a cabo una inversión similar a la de la operación anterior para poder explotarla. El nuevo yacimiento tendría una duración de varias decenas de años.
La ley de minería obliga a las gobernaciones a invertir en exploración una parte de las regalías que reciben por la explotación de los recursos extraídos de sus territorios. El monto que se debe destinar a exploración no supera los 20 millones de dólares por año en todo el país. Esta cantidad es muy pequeña para pensar en que se encontrará algún yacimiento prometedor.
Desde fines del siglo 20 y por el cierre de operaciones de casi todas las empresas mineras que operaban en el país, las cooperativas tomaron un protagonismo cada vez mayor en el sector minero. En un momento, fueron las únicas que sostuvieron la minería. Por esto, controlaron la COMIBOL y el 2006 tuvieron a uno de sus representantes como ministro de minería, lo mismo ocurrió el 2020.
En los últimos dos años, las grandes empresas internacionales han dejado el país. Se fue Sumitomo, se fue Glencore, se fue Orvana. Esto, sin duda, proyecta una imagen extraña en el contexto internacional, poco atractivo para capitales importantes. Esas empresas fueron sustituidas por otras más pequeñas, con menos capital; pero, al mismo tiempo, más accesibles para el contexto local.
La bajada de las cotizaciones internacionales de la plata y del zinc han mermado las posibilidades de las empresas que sustituyen a las grandes porque esas no cuentan con las posibilidades de las que se fueron y sus costos de realización son mayores y no pueden distribuirlos entre otros miembros del consorcio. Deben desarrollar ideas innovadoras para no pasar sobresaltos asociados a la volatilidad de los precios.
El país tiene muchos recursos minerales; pero, para que sean explotables, tienen que ser transformados en reservas. Este proceso es costoso y sólo lo puede llevar a cabo la inversión privada. Pero, en Bolivia hay una limitación que puede ser un freno al desarrollo de minas. No se pueden vender los yacimientos. Con esta prohibición que, tuvo su origen en el enriquecimiento abusivo de algunos empresarios que acaparaban áreas mineras para venderlas después, se corta el proceso natural de dividir riesgos y costos entre varios operadores y, en teoría, un solo operador debe cargar con todo el peso.
Cuando, a pesar de esas limitaciones, hay capitales que llegan al país para explorar áreas mineras, las señales son positivas y generan esperanza en la sostenibilidad de la actividad minera y en el futuro del sector.
El Estado debe trabajar para lograr que se maximice el beneficio de la explotación de los recursos minerales, para no permanecer en el nivel del Extractivismo y generar un efecto multiplicador local para potenciar economías alternativas que, gradualmente, dejen de depender de la actividad minera. Una empresa que genera 500 empleos directos puede generar 5 veces más de empleos indirectos si se maneja estratégicamente el aporte local.
El Estado tiene un marco normativo sólido que, si todos los operadores lo respetaran, veríamos unos frutos repartidos según lo han diseñado los que han elaborado la ley. Lamentablemente, hay muchos operadores que no cumplen las leyes y generan daños al medioambiente, a las comunidades, a sí mismos y al Estado. Potosí, que recibe un aporte importante de las regalías, sabe que el 90% de éstas viene de las empresas privadas que sí las cumplen.
Cualquier operador que respete las reglas ambientales, laborales, sociales y económicas, establecidas por el Estado debe ser bienvenido, apoyado, de tal manera, que se sienta seguro al llegar al país, porque su contribución ayudará a reducir el desempleo y a generar un efecto multiplicador que potencie el desarrollo local, particularmente, si en las comunidades se organizan para mover varias iniciativas que tengan como base y destino una buena relación con ese operador.
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