Mientras continúa en curso la investigación en torno a la toma militar de la plaza Murillo el 26 de junio en La Paz, al menos cinco militares de bajo rango han pedido acceder a procedimiento abreviado, asumiéndose, así, culpables del caso.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, indicó lo siguiente: “Hemos recibido la solicitud de cinco procedimientos abreviados (…). Vamos a analizar bajo qué solicitudes están pidiendo y los criterios de oportunidad”.
Más de 30 personas se encuentran dentro de los expedientes investigativos. Los primeros en ser capturados fueron Zúñiga y Juan Arnez, de la Armada. Poco después cayó Marcelo Zegarra, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
Luego se abrió paso a la seguidilla de militares y civiles en caída, hasta alcanzar y superar la treintena de investigados por los hechos irregulares que sentaron precedentes no solo en Bolivia, sino en el mundo. Se sucedieron audiencias maratónicas que derivaron en las detenciones preventivas y domiciliarias de los presuntos involucrados.
Hasta los primeros días de julio se conoció que al menos cuatro militares (dos capitanes y dos coroneles), pertenecientes al Ejército, no solo declararon formalmente haber desconocido toda la movida militar de la que fueron parte el 26, sino que se querellaron penalmente contra Zúñiga.
Desde el Gobierno sostienen la teoría de la intentona de golpe, mientras que la oposición y el “evismo” entienden que el 26 de junio se dio un “autogolpe”.
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