Una de las historias más dramatizadas en la literatura y el cine es la crucifixión de Jesús, el hebreo insurrecto que se plantó frente al injusto Imperio Romano. Su martirio se despliega en un espacio de catorce estaciones donde acontecieron encuentros que relatan el angustioso periplo de un rebelde condenado a muerte por una justicia manipulada y unilateral. Fue ajusticiado, es decir que el reo fue ejecutado con la pena de muerte.

La idea de justicia es el concepto más complejo del lenguaje moral porque con ella nos referimos siempre a nuestra relación con los demás, sean personas, grupos o el orden social jerarquizado por el Estado. Ulpiano ya lo dijo “Dar a cada uno lo suyo”.

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En esta ilustración publicada por el periódico Página Siete, Abel Bellido evidencia quién es víctima en la justicia boliviana

Existen centenares de digresiones que develan la complejidad de esta relación entre un concepto aplicado a la vida cotidiana que millones de personas sufren todos los días por la dificultad de encontrar a esa dama escurridiza. Golpes de estado, transiciones, fraudes, crímenes, robos, asaltos, violaciones, estafas, entre otras formas de delitos, forman una cadena interminable de manifestaciones delincuenciales que ponen al ser humano en su real dimensión: un animal al que le faltan siglos para ser humano ético. Religiones que ofrecen un Edén perfecto fuera de este mundo, ideologías que buscan la perfección para este mundo también lo hacen y todos sabemos que eso no existe y nuestras limitaciones nos conducen a luchar por algo mejor, pero imperfecto, como los seres humanos; primates que hemos usado la razón y las manos para construir un mundo desigual y caótico, impulsados por la codicia sin límites.

No solo es el estado boliviano que se erosiona por las múltiples muestras de ineficiencia y dolo del poder judicial, son muy pocos estados que logran una estabilidad jurídica, fruto sin duda de la institucionalización sólida del gobierno  y  la educación homogénea de su población; de tal manera que todos saben sus derechos, deberes y obligaciones, factor que impide que se conformen mafias de extorsionadores coludidos con la Policía y las Fuerzas Armadas, como el  poder  real para determinar el uso de la fuerza bruta contra su propia población a través de un decreto, como ocurrió el año 2019. Estamos hablando de los grandes intereses corporativos y oligárquicos que, cuando ven en peligro sus privilegios, usan el dinero que compra todo, desde constituciones políticas, conciencias, candelabros y cañones.

Es un desatino embutir en la misma bolsa a todos los jueces, abogados, policías, militares y oscuros curas; no todos conforman estos grupos que administran “su” justicia y establecen sus propias interpretaciones. Hay profesionales de gran valía que pueden ser parte de una gran revolución moral y educativa.

Si los habitantes de Bolivia no tienen acceso igualitario a la educación, siempre serán víctimas fáciles de los intereses de los grupos hegemónicos que usan la justicia para sus propios fines de grupo o particulares. Eso pasa por generar otros contenidos deontológicos de las instituciones castrenses y policiales y dilatar este programa hasta la educación primaria y media. Cambiar de jueces o de procedimientos no resolverá nada en una sociedad enferma, fracturada y envilecida por la burocracia que regula la justicia desde la colonia y requiere de “operadores” que conocen los túneles secretos de la corrupción.

Nosotros sufrimos el robo de un automotor hace seis meses, hasta ahora, por ejemplo, DIPROVE (Dirección Departamental  de Prevención e Investigaciones de robo de Vehículos) es incapaz de emitir un documento que acredite la denuncia, nombraron a una investigadora nueva porque el objeto del robo no es de lujo y no amerita mayor interés. Todo el tiempo solicitan dinero “para el papel y las fotocopias”, se retiran a las 3.30 de su tenebrosa oficina y los cientos de víctimas de robo no saben a quién acudir. En la fiscalía son incapaces de redactar correctamente la denuncia y debemos pagar abogados para que asistan a exigir el documento. No todo concluye ahí, para no pagar impuestos sobre un automotor robado, debes ir a acreditar la denuncia al municipio con documentos y si pasan su vigencia debes ir a otra vez a Diprove. ¿Se imaginan un golpe de estado, estafa u otros delitos? Alisten su cruz, porque debemos enfrentarnos a instituciones envilecidas y no morir en el intento.

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