26 de mayo (Urgente.bo).- Este jueves se conoció de manera oficial la detención del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, en Estados Unidos. El gobierno boliviano buscará su extradición y desde el Departamento de Justicia norteamericano se informó que la exautoridad cayó en un operativo que concluyó con la detención de cinco personas, entre ellas tres estadounidenses, bajo la acusación de lavado de dinero y soborno.
¿Cómo operó? De acuerdo a las investigaciones que realizó la Policía, el exministro abrió cuatro cajas de seguridad en el Banco Nacional de Bolivia (BNB). Ahí Murillo ocultó dinero y su excuñado, Daniel Aliss Paredes, hizo el retiro de los recursos en cuatro ocasiones. El 19 de noviembre del 2020, el 14 de enero del 2021, el 30 de marzo del 2021 y el 15 de abril del 2021.
“Había una persona que ya estaba moviendo el dinero del señor Murillo, cuando esta persona era un prófugo de la justicia boliviana”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo en conferencia
Aliss, que es piloto, realizó el retiro de los dineros en una mochila. De acuerdo a la autoridad, los viajes que realizaba eran a Argentina y Brasil, en este último país se “blanqueaba”, el dinero que llegaba de los Estados Unidos, dijo el ministro boliviano.
“El día de ayer retiró de la misma entidad financiera la suma de $us 40.000”.
Por otro lado, esta mañana, la autoridad denunció que se ejecutó la compra de gases lacrimógenos el 2020 con un sobreprecio de más de $us 2.3 millones, en el entendido de que el Estado desembolsó la suma de $us 5.7 millones, cuando el valor real de los agentes químicos era de $us 3.3 millones.
En un comunicado, el departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Arturo Carlos Murillo Prijic, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, Luis Berkman, , Bryan Berkman, y Philip Lichtenfeld, , participaron en el plan de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Durante ese tiempo, Luis Berkman, Bryan Berkman y Lichtenfeld pagaron 602.000 dólares en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano en beneficio de Murillo, exministro de Gobierno de Bolivia, Méndez, exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de Bolivia y otro funcionario del gobierno boliviano.
"Los sobornos fueron pagados para que la empresa de Bryan Berkman con sede en Florida obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente, un contrato por aproximadamente $us 5,6 millones para proporcionar al Ministerio de Defensa de Bolivia gas lacrimógeno y otros equipos no letales. Para promover el plan de sobornos, Bryan Berkman, Luis Berkman y Lichtenfeld a continuación lavaron los pagos a funcionarios del gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia y organizaron el pago de USD 582.000 en efectivo para Murillo y Méndez", dice el Departamento de Justicia.
Tres policías
A su vez, el Ministro de Gobierno manifestó que Murillo uso a tres policías para cometer los delitos. El capitán Ivar Víctor G. A., que era oficial de seguridad del Ministerio de Gobierno, él realizó dos depósitos a las cuentas del exministro por la suma Bs 100.000.
El uniformado intentó vulnerar las alertas de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), al dividir los pagos en Bs 50.000.
“Según las declaraciones de este capitán, otro oficial de la Policía, el capitán Daniel B., es el que le habría entregado los 100.000 bolivianos, para que sean depositados en dos pagos, en favor de Arturo Murillo”, precisó Del Castillo.
El 29 de octubre del 2020, es Arturo Murillo, quien realizó una trasferencia de sus cuentas que tiene en Bolivia hacia los Estados Unidos por más de un millón de bolivianos. Según el Ministro de Gobierno “estaba acopiando el dinero”.
Daniel B., que era el exedecán de Murillo cumplía funciones en el centro de adiestramiento de canes de la institución verde olivo, antes de ser aprehendido.
Un tercer uniformado de la Policía está también involucrado en la red de corrupción denominada “Clan mafioso”.
Por su parte, el comandante de la Policía, Johnny Aguilera, denunció que la investigación tuvo una serie de obstaculizaciones. Uno de ellos, es que cuándo se pedían requerimientos al Ministerio de Gobierno, estos eran rechazados, con la excusa de que estaban mal escritos.
Otro, es que cuando se emitió a la alerta migratoria contra Murillo y Luis Fernando López, exministro de Defensa, fueron rechazados por la dirección jurídica de esa institución, a cargo de exdirector Marcel Rivas, que está recluido en la cárcel de San Pedro.
“Estos elementos acreditan que existió una organización que impidió una adecuada investigación”, subrayó el jefe policial.
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