16 de enero (Urgente.bo).- Crece la presión social y el desacuerdo contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Empresarios, productores y gremiales exigen al Gobierno derogar la normativa y la califican de atentado a la economía e impulsora de “incertidumbre y desconfianza”.
“Pedimos al gobierno nacional que se consideren de manera urgente los ajustes normativos que correspondan para dejar sin efecto esta medida que ocasiona incertidumbre y desconfianza en las empresas y genera conflictos sociales innecesarios”, señala un comunicado de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), emitido este jueves.
La tercera semana de enero inició con una masiva protesta de los gremiales a la cabeza del dirigente de la Central de Trabajadores de Bolivia, Toño Siñani, en rechazo al decomiso de alimentos planteado desde la disposición séptima.
Por otro lado, este jueves, la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, acordó realizar movilizaciones en el país desde este 27 de enero si el Gobierno mantiene vigente esta disposición promulgada desde el 1 de enero.
“Se definió ir a movilización el día lunes 27 de enero en caso de que el Gobierno no derogue la disposición adicional séptima del PGE 2025 que han incorporado de contrabando, han metido esa disposición por debajo”, informó el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Cesar Gonzales.
A pesar de que el Gobierno invitó a los sectores a ser partícipes de la reglamentación se la disposición, los mismos rechazaron la propuesta y exigen medidas drásticas para evitar más afectaciones a la economía.
“La reglamentación es ir a preguntarle cómo me vas a quitar mi producto, no lo vamos a permitir”, agregó Gonzales.
Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, presentó un proyecto de ley de derogación de la disposición séptimo por tratarse de una medida que "genera mayor desabastecimeitno de alimentos" en Bolivia.
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