La Paz, 16 de junio (Urgentebo) .- Una denuncia particular puso en evidencia que el comerciante James Kung Wu, de nacionalidad estadounidense, generaba desde Iquique (Chile) los canales para la venta, de vehículos 0 km con facturas subvaloradas. El comerciante fue detenido en la República de Chile y el Ministerio Público del país inició el proceso de extradición.
La Fiscalía boliviana comenzó el proceso de imputación a Kung Wu por los delitos de falsificación de documentos privados, estafa e enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Este último delito por el grave daño económico en contra del Estado boliviano.
De acuerdo al comunicado del Consulado boliviano, por la gravedad de estos delitos el juez 1ro de instrucción en lo penal de la ciudad de La Paz ordenó la detención con fines de extradición de este ciudadano chileno. El trámite ha sido remitido a la República de Chile y la Corte Suprema de Justicia de ese país emitió el proceso de extradición y ordenó, en consecuencia, que se proceda a la detención preventiva con fines de extradición de James Kung Wu.
En marzo de 2017, El Deber informó de que grupos organizados, conformados por bolivianos y extranjeros, que son autorizados desde Oriente Medio, China y Estados Unidos se han instalado en la Zona Franca de Iquique (Zofri), en Chile, y ofertan vehículos con facturas con un valor inferior al que llega a ese territorio.
Es decir, se aplica un sistema de subfacturación que perfora los controles aduaneros fronterizos en Chile y principalmente en Bolivia. Por ejemplo, un Toyota Hilux 2016, que vale $us 31.000, subfacturado a un costo de $us 17.000. En Bolivia, la nacionalización del vehículo tuvo un costo de alrededor de $us 5.000. Pero, si se hubiese tomado en cuenta el precio real, $us 31.000, el usuario debería haber pagado más de $us 10.000, según la cotización de una agencia despachante.
En su momento Luis O. Encinas, gerente general de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), señaló que el problema está en las normas, por lo que, a su criterio, las mismas deben ser oportunas, eficientes y eficaces. “El daño económico al país es de unos 100 millones de dólares por año por la subfacturación de vehículos. Insisto, el verdadero problema está en las normas”, indicó Encinas al medio cruceño.
De acuerdo con la CAB está persona habría realizado el ingreso de 4.000 motorizados en un año lo que generó una pérdida al país de 100 millones de dólares.
