6 de abril (Urgente.bo).- Este miércoles concluyó la cuarta ronda de alegatos por el caso Silala y el Secretario general de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón, destacó que Chile haya reconocido que Bolivia tiene derechos soberanos sobre los canales artificiales.
Explicó que entre las negaciones que hubo entre ambos países, el 2002 Chile se opuso a que Bolivia pueda adoptar medidas que puedan afectar el flujo mejorado de las aguas, e incluso dijo que el 2016, los chilenos plantearon a la Corte una medida precautoria en caso de que Bolivia tome alguna medida que pueda afectar el flujo.
“Chile ha reconocido y aceptado que Bolivia tiene derechos soberanos sobre los canales instalados en su territorio, aquellos canales construidos en las aguas del Silala y, por lo tanto, tiene el derecho a decidir si conservará esa infraestructura o finalmente desmantelarla”, declaró la autoridad a Urgente.bo desde los Países Bajos.
Hoy, los abogados que defienden la causa chilena expresaron que el Estado Plurinacional está en el derecho de destruir las obras civiles que se construyeron en su territorio, pero que no compensará por el uso en estos años.
“Hay un reconocimiento de Chile a la contrademanda de Bolivia y eso es importante de descartar”, insistió. Lo que no acepta Chile es reconocer que los canales generaron un flujo mejorado de las aguas y que no tiene que negociar con Bolivia por el mantenimiento de los conductos.
“Esos dos argumentos los mantiene desde los alegatos escritos”, subrayó la autoridad boliviana que manifestó que Bolivia refutará los argumentos chilenos.
Hoy, el abogado que defiende la causa Chilena Alan Boyle, al finalizar la ronda alegatos, indicó lo siguiente: “Chile es pleno de usar las aguas del Silala como le plazca, sin pago o acuerdo alguno adicional, siempre y cuando, su uso realmente sea equitativo y razonable e invitamos a la Corte que falle en consecuencia (…) el Silala en su totalidad es un curso de agua internacional compartido por dos Estados y las obligaciones del derecho consuetudinario de considerar las medidas necesarias para evitar perjuicios”.
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