25 de noviembre (Texto Guiomara Calle, infografías Andrés Molina e ilustración de portada de Adrián Gonzales para Guardiana).- El 9 de marzo de 2013 se aprobó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348), con el fin de disminuir la violencia hacia las mujeres. No sucedió. En vez de disminuir, el número de feminicidios subió en 450 por ciento. Hace un año se aprobó un decreto para realizar cambios en dicha normativa. Después de un proceso que avanzó lentamente, las propuestas de cambio ya están plasmadas en un proyecto de ley, que ingresó a la etapa de socialización entre ministerios involucrados para analizar temas técnicos y presupuestarios.

El Ministerio de Justicia recibió un total de 1.000 propuestas para los cambios en la Ley 348 y la mayoría se centra en 10 artículos referidos a aumentar los tipos de violencia, aclarar alcances de la norma, mejorar las medidas de protección y fortalecer las instituciones, entre otros.

El 26 de noviembre de 2020 fue aprobado el Decreto Supremo 4399, que instruyó al Ministerio de Justicia trabajar de forma participativa en un proyecto de modificación de la Ley 348. Desde entonces, se desarrollaron dos reuniones con organizaciones de la sociedad civil, en diciembre de 2020 y en julio de 2021. No obstante, las propuestas se recogieron entre el 17 de diciembre de 2020 y el 15 de enero de 2021. Las cifras sorprendieron a esta cartera de Estado.

De acuerdo con el informe “Estado de la situación de la violencia contra las mujeres en Bolivia 2021. Proceso participativo construido desde abajo”, presentado por el Ministerio de Justicia en julio de este año, se recogió un total de 1.000 propuestas de organizaciones en alianzas, redes, colectivos, organizaciones sociales, además de testimonios y participaciones particulares. Estos documentos fueron recibidos en talleres departamentales, mediante encuestas en vía pública y WhatsApp, entre otros.

Pasó un año desde la aprobación del decreto y cuatro meses desde la presentación del informe que sistematizó todas las propuestas. ¿Cuál es el avance del trabajo? Miriam Huacani, viceministra de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Justicia, informó a Guardiana, mediante un cuestionario enviado, que actualmente se realiza la revisión interministerial sobre las propuestas y los consensos alcanzados en las reuniones con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones involucradas en la lucha contra la violencia.

Monica Bayá, coordinadora de la Alianza Libres sin Violencia y una de las personas que lidera las organizaciones de la sociedad civil, indicó que se mantienen en contacto con las autoridades y representantes del Ministerio de Justicia para consultar los avances en la construcción de modificaciones a la Ley 348. La última información que recibieron es que ya existe un proyecto de ley redactado, que es analizado por los ministerios involucrados.

Pese a que el contenido de este proyecto de ley aún no es de conocimiento público, Bayá recordó que la sistematización reveló que las propuestas recogidas se centran sobre todo en 10 artículos de la Ley 348. Precisamente, el informe del Ministerio de Justicia señala que estos están referidos a los alcances de la norma, los tipos de violencia, medidas de protección y prevención en el ámbito educativo y de salud, fortalecimiento de instituciones, rehabilitación de agresores, la conciliación y otros.

 “El proceso participativo de recepción de propuestas revela que son al menos 10 los artículos de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que han concitado el mayor número de propuestas de ajustes, varias de ellas contradictorias entre sí. Entre los más destacados se puede mencionar el artículo 19 (medidas en el ámbito educativo), el 7 (tipos de violencia) y el 84 (nuevos tipos penales). También resaltan las propuestas referidas a los artículos 50 (SLIM), 31 (rehabilitación de agresores), 35 (medidas de protección) y 46 (prohibición de conciliar)”, destaca el informe del Ministerio de Justicia.

Huacani detalló que los principales consensos entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones en torno a las modificaciones tienen que ver con la necesidad de que esta ley sirva para proteger específicamente a las mujeres; el acceso a una sanción pronta y eficiente a los agresores; el compromiso de los medios de información con la sensibilización y la prevención de la violencia contra las mujeres; la necesidad de entender los servicios de atención para las víctimas de la violencia como servicios esenciales y la ejecución real de los presupuestos planificados para erradicar la violencia. En el siguiente cuadro pueden ser revisadas las propuestas con mayor consenso:

PROTECCIÓN ESPECÍFICA PARA MUJERES

El alcance de la ley, sobre si protege solo a mujeres o también a varones, fue uno de los temas más observados por las organizaciones. Al respecto, Paola Gutiérrez, activista feminista de Mujeres Creando y responsable de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) de El Alto, sostuvo que la 348 “perdió su naturaleza con la interpretación errónea” del artículo 5, que en su cuarto parágrafo dice que “las disposiciones de la ley serán aplicables a toda persona que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquiera de las formas de violencia que esta ley sanciona, independientemente de su género”.

Bayá recordó en este punto que el 80 por ciento de las víctimas de violencia, sobre todo familiar y doméstica, son mujeres y que las organizaciones y activistas que impulsaron la creación de esta norma lo hicieron con el objetivo de contar con un sistema especializado que no discrimine a las mujeres y valore su real dimensión para brindar una atención. “Esto no quiere decir que los hombres que puedan sufrir violencia no puedan denunciar, ellos tienen el sistema penal común, el ordinario”.

NUEVOS TIPOS DE VIOLENCIA

Entre los principales consensos está también la incorporación de nuevos tipos de violencia, tomando en cuenta los actuales contextos en el país. Lucía Vargas, responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer, que agrupa a 21 organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, resaltó la importancia de incluir la violencia digital, debido a las recurrentes agresiones machistas a mujeres en redes sociales y otras plataformas; y la violencia gineco-obstétrica, referida a conductas, acciones y omisiones, que el personal de salud ejerce directa e indirectamente sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. La Ley 348 reconoce actualmente 16 formas de violencia.

La sistematización del Ministerio de Justicia en torno a los tipos de violencia que existen en la Ley 348 señala como propuesta “mejorar la redacción e incorporación de nuevos tipos penales, como violencia cibernética, gineco-obstétrica, étnica, violación incestuosa, aborto, homicidio por emoción violenta, violación a niño, niña adolescente, sustracción de menor incapaz, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, pornografía”. Este es uno de los temas que más apoyo recibió de las organizaciones de la sociedad civil, instituciones y particulares.

Otro de los principales consensos apunta a la creación de “una jurisdicción alternativa y optativa en sede penal y de familia para resolver delitos, asistencia familiar, divorcio y sucesiones”, señala el informe del Ministerio de Justicia. Gutiérrez, de Mujeres Creando, sostuvo que el trabajo de atención gratuita que brinda este movimiento feminista les permitió ver los problemas más de cerca y evidenciar que muchas mujeres no desean encarcelar a sus parejas o exparejas, pues su principal objetivo es que respondan a sus obligaciones, en asistencia familiar, por ejemplo.

 “Necesitamos -dijo Gutiérrez- una alternativa a la ruta crítica y como posible solución a la carga procesal y retardación de justicia. Hablamos de un procedimiento más corto y más ágil para los casos de violencia psicológica y violencia física con menos de cinco días de impedimento, por ejemplo. Hay algunos casos de menor lesividad que podrían permitir recibir estas medidas sin proceso penal. Vemos muchos procesos que terminan ampliándose o dilatándose y las víctimas se cansan, ya no quieren seguir por tiempos y costos”.

Recordó que, de manera general, la suma de los presupuestos del Órgano Judicial, del Ministerio Público, de las Defensas Públicas, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio de Justicia representan para este año el 0,46 por ciento del Tesoro General de la Nación (TGN). “Ni siquiera se llega al 1 por ciento de los recursos del TGN, es muy poco lo que se asigna a Justicia y son muy grandes los desafíos que se requiere todavía para hablar de una justicia accesible”.

Pero la retardación de justicia tiene aún más aristas entre sus causas. La carga procesal se complica aún más con juzgados de violencia que también atienden materia de anticorrupción. Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, cuestionó este punto y afirmó que la situación de la justicia es muy complicada en términos de recursos humanos y financieros, más aún cuando en el último año hubo una disminución en su presupuesto.

Recordó que, de manera general, la suma de los presupuestos del Órgano Judicial, del Ministerio Público, de las Defensas Públicas, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio de Justicia representa para este año el 0,46 por ciento del Tesoro General de la Nación (TGN). “Ni siquiera se llega al 1 por ciento de los recursos del TGN. Es muy poco lo que se asigna a Justicia y son muy grandes los desafíos que se requiere todavía para hablar de una justicia accesible”.

La Viceministra de Igualdad de Oportunidades destacó que hay muchas propuestas con respecto a la necesidad de una justicia penal accesible y rápida, y que todo ello pasa por introducir modificaciones en la Ley 348 y también por ordenar el sistema de justicia con la finalidad de que sea más eficiente y justo para las víctimas.

MÁS PROPUESTAS

Aunque no figura dentro de los principales consensos en el informe del Ministerio de Justicia, Bayá resaltó la necesidad de declarar servicios esenciales a los servicios de atención a las víctimas de violencia por lo ocurrido en los peores episodios de la Covid-19. “Ha sido muy evidente, en el caso de la pandemia, la suspensión de los servicios, el impacto que ha tenido en las víctimas y la falta de coordinación entre las formas, tiempos y horarios de funcionamiento del Órgano Judicial, Fiscalía y la propia Policía. Por eso deben ser declarados como servicios esenciales para garantizar en todo contexto su continuidad y para dar respuesta a situaciones de emergencia”.

Otro aspecto abordado en los eventos que aglutinaron a organizaciones fue la creación de políticas sociales para los huérfanos de los feminicidios. Vargas, de la Coordinadora de la Mujer, sostuvo que el alcance de la 348 es débil en torno a la reparación para la víctima de violencia y los hijos de las víctimas de feminicidio. Por ello, se sugirió establecer en la norma una protección social dirigida a la familia que se hace cargo de los menores de edad y a las víctimas de violencia con soluciones habitacionales. Los subsidios para ambos casos también fueron parte de las propuestas.

Las organizaciones que trabajan para disminuir la violencia hacia las mujeres e impulsar cambios estructurales en la sociedad realizan campañas para que las víctimas no sean olvidadas, ni su imagen, ni su nombre (Crédito: Red de Lucha contra la Violencia de Yacuiba).

En cuanto a los medios de información, se planteó que en el marco de la responsabilidad social emitan mensajes, capaciten a sus periodistas en la temática, apliquen una estrategia de comunicación para "desnormalizar" la violencia y adopten códigos de ética exclusivos para el tratamiento de la violencia. La Ley 348 establecía la difusión obligatoria y mensual de mensajes contra la violencia en todos los medios de comunicación, pero esta disposición fue derogada por pedido de los mismos medios ante la crisis económica y publicitaria por la que atravesaban.

Hay muchas organizaciones y activistas comprometidas con la lucha contra la violencia, y múltiples propuestas para mejorar la Ley 348 con la esperanza de reducir los elevados índices de violencia que registra el país.

Entre enero y octubre de este año, ya fueron registrados 95 feminicidios, según la Fiscalía General del Estado. Los resultados de la 348, promulgada en marzo del 2013, siguen siendo motivo de debate y cuestionamientos, por lo que queda la interrogante de si las modificaciones podrán generar los cambios que se esperan.

Bayá asegura que el principal problema de esta norma no es tanto el contenido, sino la “deficiente” implementación que ha tenido. Con las modificaciones se pretende mejorar también este aspecto y la apertura del Gobierno para hacerlo posible es destacada por las organizaciones; aunque la demora del proceso es un punto en contra debido a la urgencia de frenar la violencia de género, un tema que hoy cobrará más fuerza por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es recordado cada 25 de noviembre con el propósito de denunciar el flagelo en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.  

Este material fue elaborado con el apoyo del proyecto Vida Sin Violencia, de la Cooperación Suiza en Bolivia.  

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