La Paz, 17 de agosto (Urgentebo).- Los cooperativistas mineros tienen una suerte de pecado que no pueden ocultar más: en muchos casos son empleadores de trabajadores explotados, mal pagados y a veces inclusive no remunerados, reveló el miércoles un análisis de enfoque múltiple del actual conflicto entre ese sector y el Gobierno de Evo Morales.

“Tomar el Estado por asalto”, resume el titular de ese análisis, elaborado por los investigadores Marco Gandarillas, Georgina Jiménez y Pablo Villegas, del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), y centrado en el análisis del pliego y los objetivos de la movilización de las cooperativas mineras.

El análisis fue publicado al día siguiente de que la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) decidió no reabrir el diálogo con el Gobierno mientras persista la detención de diez cooperativistas acusados de violencia contra la policía durante choques en bloqueos de carreteras que por ahora están en cuarto intermedio.

Fencomin, uno de los principales sectores aliados de Morales, rechaza una reforma de la Ley de Cooperativas, que reconoce la sindicalización de empleados de otros sectores de cooperativas, pero, según el análisis publicado, el sector en conflicto estaría en realidad tras otros objetivos.

La movilización de Fencomin es “tan solo una excusa que utilizan las dirigencias de este sector para tratar de imponer en su beneficio una nueva contrareforma del sistema jurídico, económico y ambiental del país, con importantes consecuencias para la soberanía nacional”, dice el análisis.

De acuerdo con el documento, la reforma legal motivo del conflicto “reconocería la existencia de asalariados en las cooperativas, aspecto que niega la calidad de éstas”, y por esta razón la movilización de Fencomin es apoyada también, aunque tímidamente, por la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol).

El análisis cita que un estudio del mismo CEDIB publicado en 2008, “ha demostrado que las cooperativas mineras son entidades de beneficio privado en las que existe el trabajo asalariado inseguro, precario y mal remunerado, y también un trabajo no asalariado que raya en modernas formas de servidumbre por deudas”.

“En las cooperativas mineras existen socios que contratan la fuerza de trabajo de otros que no gozan de tal condición. Existen, por tanto, empleadores y empleados o relaciones obrero-patronales; (aunque) su forma de organización solamente considera a los socios que usualmente son los empleadores, excluyendo a los trabajadores, quienes no pueden (…) defender sus derechos”, agrega.

Puntualiza luego que “esta situación deviene en el enriquecimiento de un grupo reducido (patrones o empleadores) a costa de la explotación de otro grupo mayoritario, los trabajadores, quienes además son precarizados: obligados a extensas jornadas laborales, desprovistos de protección laboral, sometidos a condiciones de alto riesgo para su salud y vida”.

“En muchos casos, incluso, tienen que pagar para poder trabajar”, remarca.

El análisis menciona también  un informe de la Defensoría del Pueblo, de 2014, que “determinó que en el sistema cooperativo la explotación laboral alcanza de manera particularmente cruel a mujeres y niños/as”.

“Fencomin -prosigue el análisis del CEDIB-es un gremio de empleadores que reciben derechos mineros del Estado sobre áreas que, según su naturaleza cooperativa deberían trabajar por sí mismos y en beneficio de todo el grupo de asociados, pero que en los hechos son explotadas por trabajadores precarizados subcontratados por los socios cooperativistas”.

A la par de estas condiciones laborales, las cooperativas mineras son conocidas por sus sistemas precarios de explotación, con bajos estándares ambientales y exenciones tributarias, dice el análisis.