El valor de los censos nacionales de población y vivienda es inestimable por la pluralidad cualitativa de datos que se obtienen y que permiten a una sociedad construirse en cuanto a su predicción, evaluación y prospectiva de su desarrollo a partir de la percepción social de una realidad. Las decisiones a nivel de políticas de Estado deben ser nuevamente: planificadas, monitoreadas y evaluadas; en razón de su impacto y resultados de sus: planes, programas y proyectos en una perspectiva autonómica.
A partir del primer censo en el gobierno del Mcal. Andrés de Santa Cruz (1831) cuyo objetivo fue cuantitativo - tributario (1.088.768 hab.) hasta el último realizado el año 2012 (10.027.254 hab.), y con la proyección probable 2021 (aprox. más de 11.216.000), en nuestro país se realizaron: cuatro censos de vivienda, por lo menos dos agropecuarios si así podemos considerarlo al de la década de los 50’ y 12 censos de población. Los últimos cuatro (1976, 1992, 2002 y 2012) respondieron no sólo a percepciones políticas sobre pago de impuestos sino sobre previsiones de planificación y en el último tiempo también para redistribución de recursos y escaños de poder. Lo más conflictivo, pero no lo más importante. Las variables de: empleo, pobreza, población, salud, seguridad social, educación, vivienda, servicios básicos, participación política, seguridad ciudadana, género, derechos humanos, índices de precios del consumidor, comercio exterior, hidrocarburos, minería, industria manufacturera y comercio, construcción, servicios básicos, agropecuaria, transporte, telecomunicaciones, turismo, medio ambiente, lengua, cultura, etc. Son algunos elementos de análisis trascendentales para el rediseño de las políticas públicas.
Los resultados tras las etapas pre censal y censal permitirán abordar debates razonables desde varias dimensiones y no sobre lo que hoy pareciera un único fundamento: coparticipación tributaria y escaños de poder, que además implicará una modificación de todo un paquete normativo que por lo q se advierte estará sumergido y obstruido por los apasionamientos políticos y regionales. Debe realizarse en este periodo constitucional un nuevo censo de población y vivienda y aplicarlo en el siguiente, debiendo declarárselo como una prioridad nacional, para rediseñar la administración de la cosa pública en virtud a sus características: demográficas, económicas, sociales y habitacionales de todo el pueblo boliviano: oligarcas y no oligarcas.
El efecto pandémico, el desastre de la transición de facto y la falta de institucionalidad de los censos en el país son factores, digamos que justificables, para el retraso. Lo que no es permisible es que se politice el nuevo censo poblacional y de vivienda en el país y que, de manera lamentable, autoridades electas sólo piensen en “cuánto más de recursos les toca”, y “cuántos diputados más debe tener su región”. El pacto fiscal, rediseño en los sistemas electorales nacionales y subnacionales son importantes para quienes sólo piensan en la toma del poder por el poder; cuando la prioridad a todas luces es rediseñar nuestras políticas públicas de desarrollo sectoriales, territoriales y nacionales de mediano y largo plazo.
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