14 de abril (Urgente.bo).- La aprehensión del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, por hechos de corrupción, genera tensión al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) y organizaciones sociales piden cambios en el Gabinete de Luis Arce. Los sectores afirman que lo ocurrido no es algo menor y no están de acuerdo con la continuidad de al menos cuatro ministros.
A las 16.00 de este miércoles, la exautoridad acusada por los delitos de cohecho, coacción y beneficio en razón del cargo, concluyó sus declaraciones. El exministro que fue parte de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) debe responder por los hechos irregulares ante la justicia. Y es justamente este sector, que pide le caiga todo el peso de la ley. Angélica Ponce, ejecutiva de las mujeres interculturales, señaló que los casos de corrupción no pueden quedar impunes y dijo que Characayo merece un castigo.
“No vamos a soportar ningún hecho de corrupción, se lo debe procesar. Él era un técnico que trabajaba en la alcaldía de San Julián, él no tenía el apoyo sindical y menos orgánico, esto lleva a cometer estos errores”, declaró Ponce a Urgente.bo.
Es por ello, que el sector pide al presidente Luis Arce, cambios en el gabinete, ya que hay al menos cuatro autoridades que están siendo observadas. “Tiene que haber cambios”, dijo. “No solo se debe castigar a los que son ministros de las organizaciones sociales, sino también a los ministros ‘pititas’”, argumentó.
Para la ejecutiva intercultural de Bolivia, el primero de los observados es el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo. Según Ponce, la autoridad no cuenta con el apoyo de las bases sociales y es cuestionado por no iniciar un proceso al exministro Arturo Murillo y el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por los hechos de octubre y noviembre del 2019.
“El Ministro de Obras Públicas (Édgar Montaño), es otro al que deben cambiar. No ha dado un espacio a ningún sector social, está negociando todos los cargos”, denunció Ponce.
La denuncia contra el exministro del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, la hizo Dareem S. F., que se encontraba realizando un trámite de saneamiento de tierras, de una propiedad que está ubicada a cuatro kilómetros de San Ramón, Santa Cruz. La que se denomina “El triunfo II”.
De acuerdo al Gobierno, la exautoridad pretendía cobrar coimas por $us 380.000. Del monto, $us 100.000 era para el exministro Characayo. $us 80.000 debían ir como pago a una comisión y $us 200.000, para otros funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Por su parte el secretario de Relaciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Omar Ramírez, aseguró que el exministro era un aliado del sector y el Pacto de Unidad, pero dejó en claro que los delitos es intuito personae.
“Pedimos a la justicia que sea objetiva para castigar no solo a él, sino a esa aparente red de corrupción que cometió estos hechos ilícitos. El presidente debe evaluar y ver quienes lo acompañan y de quienes realmente está rodeado. Nosotros como dirigencia tenemos varias observaciones contra algunos ministros, pediremos su cambio, porque no acompañan la gestión del presidente Arce”, argumentó el dirigente en declaraciones a este medio digital.
Para el sector campesino, el ministro de Justicia, Iván Lima, debe dejar el cargo. Según Ramírez, Lima no cumple el pedido de búsqueda y capturará de los exministros Murillo y Luis Fernando López. Otro con el que puede estar en la cuerda floja, es con Jayson Auza, ministro de Salud, que es cuestionado seriamente por la CSUTCB por las vacunas.
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