La Paz, 29 de  marzo (Urgentebo).-   Los comercializadores de ropa usada piden a  las autoridades gubernamentales legalizar sus prendas y a la Asamblea Legislativa  Plurinacional (ALP) ser excluidos de la Ley del Contrabando porque atentaria  con sus fuentes de empleo.

La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Ropa y Prendería a Medio Uso, Elizabeth Verástegui,  manifestó que el sector  está dispuesto a  tributar por la mercadería que ingreso por contrabando.

“Nuestra mercadería es una mercadería que ingreso por contrabando, hace años que no encontramos un tipo de solución por parte del Gobierno hacia nosotros (…) pese a que hay un Decreto que prohíbe la exportación, en territorio boliviano tenemos la mercadería suficiente como para seguir trabajando” , reveló Verastegui.

“Necesitamos que nuestras fuentes de empleo sean legales y crear una reglamentación del ingreso de esta mercadería y estamos dispuestos a tributar”, acotó la presidenta de los comerciantes de ropa usada.

La dirigente dijo que el sector se declaró en emergencia porque la Ley del Contrabando enviado por el presidente Evo Morales al Legislativo no fue socializado y atentaría contra la importación de su mercancía.

Según la norma envíada por Evo Morales a la ALP, “ el Inciso 2, están exento de responsabilidad las y los servidores públicos de las Fuerzas Armadas y los Policías que encontrándose en riesgo la vida o la integridad física propia o ajena no superable de alguna manera procedieran de oficio a la instrucción e inutilización de los medios de transporte y bienes encontrados en los operativos de contrabando”.

“Al ver este tipo de Ley, es como una amenaza para nosotros  porque nuestra mercadería ingresa de contrabando (…) Entonces con una ley como está, vamos a estar sujetos a cualquier abuso”, lamentó la dirigente.

Dijo también que en la ley debe haber un artículo en específico  que los deja fuera de las sanciones como se comprometió la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.

De acuerdo con Verastegui a nivel nacional hay 300.000 familias que se dedican al negocio de la prendería usada.

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