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La concejal Beatriz Alvarez, de Sol.bo

La Paz, 25 de mayo (Urgentebo.com).- Beatriz Alvarez, concejal municipal de La Paz por Sol.bo, declaró que el aborto es una práctica del neocolonialismo y en ese sentido demandó que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe recoger el sentir de las poblaciones y de las diferentes culturas; en este caso, de las mujeres indígenas.

“El aborto es una práctica del neocolonialismo, tanto es así que esta tradición se ha extendido entre las ciudades de la región occidental, aunque no plenamente, tal es el caso de las nuevas generaciones de jóvenes, que se adscriben al criterio de legalizar el aborto”, declaró la concejal.

Ella explica que en el mundo indígena el aborto “es un asunto de dominio público”, que forma  parte de las funciones primordiales de las autoridades, que deben cuidar a las mujeres que se produzca el parto en condiciones normales. “El aborto era considerado como delito mayor, sancionado con una drasticidad”.

En la visión indígena, el ser humano es considerado tal desde el momento de su concepción, no está en función del desarrollo fetal o embrión, toda interrupción se la considera como una afrenta a la vida, fuente de muchos males sobre todo de orden climatológica y de enfermedades. Se asume que acarrea tiempos de sequía, granizo, entre otras rupturas de lo natural, añadió.

Las consecuencias, del aborto, no sólo la paga la mujer sino también el varón, el espíritu; o la fuerza vital afecta a la pareja, hasta convertirse en una enfermedad llamada “Llimphu”, se dice que camina por todo el cuerpo causando dolores musculares y enfermedades, inclusive aqueja a la persona que lo ha interrumpido, por todo ello es que las parteras no se animan a su interrupción. Otra de las consecuencias es que afecta a la economía de la familia.

“La decisión por el aborto no es una cuestión de estadísticas ni de estar a tono con las modernas normas o  del supuesto cuidado salud pública, es un tema que va más allá de los gobiernos o complacer a ciertos segmentos de la población, habrá que escuchar y recoger el sentir mayoritario de la población boliviana como de la cultura indígena”, aseveró la concejala.

En las comunidades, ayllus o markas se mantiene la práctica de castigar drásticamente a quien cometa este delito, dijo Alvarez.

En caso de que se conozce la interrupción del embarazo por situaciones de emergencia, tanto las autoridades como la familia realizan el ritual del “despacho”, con el apoyo de yatiris, amawtas, efectuando una “mesa” especial de manera  que el ajayu del futuro ser, no se convierta en una enfermedad individual y del colectivo.

La propuesta del Gobierno Central, que se enmarca en la reforma del Código Penal, amplia la despenalización de 6 a 9 causales: “las primeras ocho semanas de gravidez; sea madre de tres o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes para su manutención; cuando la mujer se encuentre en situación de calle o pobreza extrema; no cuente con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia; en caso que se detecte malformaciones fetales; para prevenir un riesgo en la vida de la mujer embarazada; entre otros”, según la norma.

“No sabemos si esta ley busca que se practiquen abortos en clínicas clandestinas ya que bien sabemos que el Colegio Médico de Bolivia rechaza la norma”, acotó.